Los pueblos y ciudades son los espacios políticos y territoriales idóneos para crear y fomentar un espíritu colectivo de ciudadanía que contribuya a implantar modelos de ciudad acogedores, sostenibles, solidarios, incluyentes y protectores. Por su proximidad a su gente, las ciudades y pueblos constituyen el espacio vital donde se desarrolla nuestra vida, pero también donde se manifiestan sus conflictos.
La crisis económica ha mostrado toda su crudeza y en nuestros pueblos y ciudades ha puesto cara a quienes más han sufrido sus consecuencias y continúan padeciéndolas.
Nuestros ayuntamientos son la primera puerta a la que llama la ciudadanía para resolver sus problemas y aspirar a sus anhelos.
La crisis ha sido y sigue siendo económica. Sin embargo, también ha destapado una crisis social, de valores y democrática. La incipiente recuperación económica, lejos de mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía, está mostrando otra oscura cara: la desigualdad que profundiza las consecuencias negativas de las otras crisis.
Para hacer frente a estas crisis, y a las demandas y aspiraciones ciudadanas, las puertas de los ayuntamientos se han abierto de par en par. Sin embargo, el Gobierno central les ha requisado las herramientas y recursos necesarios para ofrecer, desde lo local, desde la proximidad, una solución digna y efectiva que permita combatir la desigualdad, la pobreza, la precariedad y la insolidaridad.
Con la excusa de luchar contra la corrupción y el despilfarro, el Partido Popular ha construido un relato cargado de postverdad. Ha dado la espalda a los ayuntamientos, los problemas de su ciudadanía y, lo que también es muy grave, se ha alejado de un modelo territorial que constitucionalmente y en el ámbito de la Unión Europea apostaba y apuesta por el municipalismo.
La derecha ha vaciado de recursos y capacidad de acción e intervención políticas a nuestros ayuntamientos. Sus vecinas y vecinos han sido los principales afectados por una decisión injusta que devalúa nuestra democracia y proyecto de vida en común.
El Partido Popular, durante los últimos años, ha diseñado una arquitectura legal en torno a las administraciones locales cuyo principal objeto era intervenir y dejar sin capacidad de iniciativa política a los ayuntamientos. Esa realidad sigue proyectando su sombra sobre nuestros pueblos y ciudades y en 2019, aunque la derecha concurrirá a los procesos electorales dividida, su apuesta por debilitar la autonomía local es común y decidida.
Curiosamente, quienes más han provocado la situación de descrédito y podredumbre de la vida pública han sido quienes han intentado que otras instituciones no realicen su labor.
Desde ACTÚA creemos que las entidades locales deben tener competencias y financiación suficientes para poder abordar los retos de la sociedad del siglo XXI.
Deben ser entidades autónomas con capacidad para diseñar sus políticas y disponer de la suficiencia financiera para abordar las necesidades de sus vecinas y vecinos, sobre todo las referidas a los servicios de proximidad.
En ACTÚA defendemos un modelo de pueblos y ciudades que se define como una comunidad de derechos, intereses y sueños colectivos, en los que la ciudadanía y sus necesidades deben ser el eje de la intervención pública. Una comunidad que, de forma participativa, reconoce su pasado, trabaja por su presente y diseña su futuro, y lo hace desde el respeto, el consenso y la colaboración.
ACTÚA apuesta por un municipalismo del siglo XXI en el que la diversidad social es un hecho incuestionable, defendible y que aporta riqueza a la convivencia y fortaleza a nuestra sociedad. El municipalismo hoy tiene que ser un espejo de ejemplaridad ética y moral para el conjunto de la sociedad.
Desde ACTÚA queremos construir un modelo de pueblos y ciudades compartido y cercano a su ciudadanía. Es prioritario reconstruir un municipalismo que ponga en el centro de su acción e intervención políticas a las personas, garantice la solución de sus problemas y promueva e impulse sus lícitos anhelos, el bienestar y la convivencia.
Con ACTÚA queremos generar ciudadanía crítica y comprometida con su futuro y el de las generaciones venideras en el que la igualdad social y de género y los derechos sean efectivos para todas y todos. Es necesario un presente exigente para soñar un futuro mejor, más integrador y necesariamente sostenible.
Por todo lo anterior, comprometidas y comprometidos con la ejemplaridad ética, la corresponsabilidad institucional, la transparencia, el diálogo, el compromiso con nuestras ciudades, con su ciudadanía, sin exclusiones y sin desigualdades, y su participación efectiva, el partido político Actúa declara que:
- El municipalismo del siglo XXI es pieza clave para una España plural, federal que vertebra y mide el nivel de calidad de vida de la ciudadanía. Los gobiernos locales son el primer pilar básico de una democracia inclusiva, redistribuidora y participativa. Sin ambages, apostamos por la defensa del municipalismo.
- Las instituciones locales son el espacio más cercano donde el Estado del Bienestar desarrolla su función principal. La prestación de los servicios públicos esenciales, bajo los criterios de autonomía, proximidad y representación, permite redistribuir el acceso a dichos servicios, minimizar las desigualdades y favorecer el reequilibrio territorial.
- Apostamos por un municipalismo sin ambigüedades y para ampliar su base competencial –segunda descentralización- desde la corresponsabilidad y la cooperación con los distintos niveles de la administración del Estado.
- Apostamos por un modelo de financiación local más justo, corresponsable, estable y autónomo que permita el desarrollo y prestación efectivo de sus competencias y servicios públicos esenciales.
- Proponemos una reforma del sistema de financiación local suficiente, claro y sin demora.
- Las leyes 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, a través de la imposición de la regla de gasto, los planes de ajuste, o la limitación de la tasa de reposición, impiden la autonomía local para proporcionar los Servicios Públicos Básicos a la
Ciudadanía.
- Para una mayor autonomía financiera es necesaria una revisión de los actuales tributos locales que permitan un espacio fiscal propio y a la vez compartido con otras administraciones públicas, ampliando la participación en las grandes figuras tributarias estatales: IRPF, IVA e Impuestos Especiales. Garantizando la equidad y la igualdad de derechos de los ciudadanos. Participación en los tributos recaudados por las CCAA, evitando su tutela efectiva a través de transferencias condicionales o convenios que limitan la autonomía municipal.
- Es Urgente una reforma de la fiscalidad municipal que refuerce la progresividad y limite las exenciones fiscales, muchas de ellas establecidas por normativas estatales, como es el caso del IBI y del IAE.
- Se debe potenciar al IBI como figura tributaria más adecuada, dotándolo de mayor capacidad normativa y recaudatoria para la incorporación de criterios de progresividad en el impuesto. Hasta ahora, el IBI grava el bien sin atender a las circunstancias personales del propietario del inmueble: rentas, hipotecas o cargas. En el caso del IAE se debe de devolver su gestión a los municipios, para proporcionar autonomía y suficiencia.
- La financiación municipal debe tender hacía dos grandes grupos de ingresos: unos impuestos locales importantes, entre los que deben destacar el IBI e IAE, junto con un conjunto de tasas por prestación de servicios, y las transferencias estatales (IVA, IRPF e Impuestos Especiales) y autonómicas (no condicionadas). Lo que se tiene que perseguir con las reformas es una mayor suficiencia financiera, con el fin de potenciar la eficacia social de nuestros municipios, asignando los recursos disponibles bajo el principio de la solidaridad, base de la cultura democrática, a fin de seguir manteniendo y potenciando la convivencia social.
