Los procuradores Álvaro Lora y José Luis Aceves preguntan por qué el protocolo aprobado por la Junta no consigue frenar el aumento de ataques físicos y verbales a estos funcionarios

Los procuradores Grupo Socialista José Luis Aceves y Álvaro Lora han registrado este miércoles en las Cortes de Castilla y León una batería de preguntas sobre el incremento de las agresiones a agentes forestales, siete en la comunidad desde 2015, la última de ellas conocida este martes en el municipio leonés de Boñar.

Los parlamentarios socialistas exponen que, según reflejan los medios de comunicación, en el momento en el que un trabajador medioambiental de la Junta se disponía a subir al coche para marcharse, un ganadero, supuestamente, sacó un hacha y se lio a golpes con el vehículo, sin que el funcionario resultara herido, porque pudo reaccionar. Tras dar aviso a la Guardia Civil, los agentes se personaron en la explotación y detuvieron al ganadero por un presunto delito de intento de homicidio.

Los procuradores del PSOE quieren conocer qué actuaciones realizará la Junta para apoyar al funcionario agredido, qué medidas piensa adoptar para auxiliarle y si le proporcionará respaldo jurídico. Lora y Aceves preguntan por qué el protocolo aprobado por la Junta no consigue ser efectivo con las agresiones a estos funcionarios, así como por las medidas que el Ejecutivo autonómico prevé adoptar ante el aumento de agresiones físicas y verbales a estos funcionarios en la comunidad y cuándo se llevarán a cabo.

El PSOE exige explicaciones sobre si la Junta considera adecuado que la RPTs de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente haya eliminado puestos de agentes medioambientales, que éstos no tengan ningún medio de protección efectivo ante posibles agresiones (después de la retirada de armas cortas) y que no se imparta ninguna formación a estos profesionales para afrontar situaciones de riesgo por agresiones de todo tipo.

Finalmente, José Luis Aceves y Álvaro Lora reclaman una explicación sobre he hecho de que el sistema de alerta de los smartphones oficiales de que disponen los agentes “no tenga preparado y en funcionamiento la función de la alarma, ya que nadie recoge esas alertas y las atiende”.

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