El presidente de la Junta de Castilla y León ha inaugurado hoy el XXII Congreso de los Bancos de Alimentos de España, que se celebra estos días en Burgos, donde ha destacado que la colaboración con el Tercer Sector, y muy especialmente con los Bancos de Alimentos, está contribuyendo a que Castilla y León presente unos índices de pobreza por debajo de la media estatal.

Durante la inauguración del XXII Congreso de los Bancos de Alimentos de España, el presidente de la Junta ha destacado que Castilla y León ha sido la primera Comunidad en crear un canal oficial de distribución de alimentos de manera urgente, que garantiza el suministro inminente de productos básicos de alimentación a todas aquellas personas que no disponen de los medios más elementales de subsistencia. Este canal se ha puesto en marcha coordinando el reparto entre las entidades públicas y privadas comprometidas con el mismo, a través de un protocolo suscrito en 2013, y que ha permitido mejorar el servicio, optimizar sus recursos y evitar duplicidades.

El presidente ha puesto de manifiesto que en estos avances y mejoras ha sido imprescindible la colaboración del Tercer Sector, y muy especialmente la labor de los Bancos de Alimentos, como “colaboradores necesarios” en los servicios de distribución de alimentos. Así, ha señalado que el trabajo del Banco de Alimentos ha permitido, sólo en 2016, atender las necesidades de alimentación de 60.000 personas en Castilla y León.

Este trabajo coordinado entre entidades públicas y privadas ha  contribuido también a que en Castilla y León los datos más recientes señalen una disminución de los índices de pobreza, situándose bastante por debajo de la media estatal. De hecho, Castilla y León es la primera Comunidad Autónoma con menor tasa de hogares con carencia material severa, un 2% en 2016, muy por debajo de la media nacional situada en el 5,8%.

Red de protección para las personas más afectadas por la crisis

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha destacado también que desde su puesta en marcha, en 2013, la Red de protección para apoyar a las personas más vulnerables y afectadas por la crisis ha atendido a una media de 160.000 personas al año, a través de sus más de 300 agentes, y del desarrollo de 23 programas. Entre ellos, sobresale el de la Renta Garantizada de Ciudadanía, el Servicio de Atención a Familias en Riesgo de Desahucio (que en 2016 atendió a 4.600 familias), o las ayudas de emergencia (que el año pasado beneficiaron a más de 30.000 personas). Para 2017, la Red cuenta con un presupuesto de 190 millones de euros, lo que va a permitir poder llegar a unas 190.000 personas.

Además, Herrera ha señalado que la Red se ha ido perfeccionando estos años, reforzando sus coberturas y flexibilizando el acceso a sus principales prestaciones. En la actualidad se encuentra en fase de tramitación un proyecto de ley, que cuenta con el consenso del Diálogo Social y del Tercer Sector, para dotar a esta Red de carácter estable y permanente, ampliando sus beneficiarios, e integrando hasta 11 prestaciones más.

Esta ley establecerá también cuatro nuevos derechos subjetivos en el ámbito de la protección social, uno de los cuales será precisamente el derecho a la provisión inmediata de alimentación, lo que implica que estará públicamente garantizada, con independencia del nivel de necesidad o el índice de demanda existente; y que se pondrá  especial énfasis en menores, mujeres embarazadas y lactantes.

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