La organización muestra su prepocupación ante el precio de los alquileres de la ciudad, generando desalojos mientras hay multitud de pisos vacíos

 Aun con la prórroga en las medidas para frenar los desahucios, la ciudad sigue viendo cómo muchas y muchos de sus habitantes se ven en la calle al no poder pagar el precio desorbitado del alquiler, mientras una parte importante de los pisos de la ciudad se encuentran vacíos en propiedad de los bancos.

Sareb se creaba hace años con la idea de desguar elementos tóxicos de los balances de cajas y bancos, y configurada por un 55% de capital privado proveniente de otros bancos y entiedades privadas, siendo el 45% restante otorgado por el Estado, intentando evitar una deuda pública total. Carmen Franganillo, coordinadora loca, incide en que «Nada más lejos de la realidad pues el rescate a los bancos ha hecho que el pueblo pague la deuda, que ha aumentado al 120%, habiendo comprado inmuebles con un precio elevado a su valor e invirtiendo en la banca mientras se recortaba en servicios públicos como sanidad, educación o las pensiones.»

La organización ha recalcado que aunque se han tomado medidas, la ciudad sigue sufiendo desahucios por impago de alquileres e hipotecas, hasta diez semanales, registrando más de cien en el primer semestre y habiendo sido frenados solamente por las medidas a causa de la pandemia. También han querido mostrar «todo nuestro apoyo a la Plataforma por los Afectados por la Hipoteca (PAH), que sigue ayudando a los afectados por esta situación, frenando desahucios y luchando junto con otras asociaciones por una ley que garantice el derecho a la vivienda».

«Al final todo es una mera estrategia —denuncian— pues los desahucios facilitan un aumento del precio del alquiler. Es necesario frenar esta situación, ya sea con el cese de los desalojamientos, como haciendo que parte de las viviendas vacías pasen a poder utilizarse con fines sociales. La Junta está cediendo a la compra de viviendas a la Sareb cuando la realidad exige una expropiación.»

La organización ha querido recalcar que el acceso a la vivienda es un derecho, pero este se ha dejado en manos de bancos y un mercado que en absoluto se regula solo, lo que da lugar a gente viviendo en la calle mientras los bancos se rescatan y poseen multitud de pisos vacíos. La regularización del precio del alquiler es una necesidad y un hecho que hay que poner sobre la mesa cuanto antes.

«Es necesario —continúan— un cambio radical en el mercado inmobiliario, con precios regularizados y asequibles a los ingresos de las clases populares, ampliando el parque público de alquiler (prácticamente inexistente) y terminando con los privilegios fiscales que se les otorga. Es inconcebible que los grandes tenedores posean viviendas vacías o a precios desorbitados mientras las clases trabajadoras tienen que destinar gran parte de sus ingresos a pagar el alquiler, lo que lleva a una situación de precariedad.»

Terminan aludiendo a que las medidas tomadas deben abarcar dicha regularización, crear viviendas públicas de alquiler, movilizar la vivienda vacía y detener los desahucios a familias vulnerables.

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