El portavoz parlamentario reivindica “la lealtad” del Procurador del Común y valora su labor fiscalizadora sin obstaculizar la del Ejecutivo

“Otorgaremos al Procurador del Común las herramientas y los recursos necesarios para velar por la aplicación de la futura Ley de Transparencia. Señor Quintana, tendrá capacidad sancionadora en aras de garantizar el cumplimiento estricto de esta Ley”, ha afirmado el portavoz de Ciudadanos en las Cortes de Castilla y León, David Castaño.

El portavoz de Cs ha señalado que la intención de su partido es colocar a esta institución “en el centro” de la acción fiscalizadora y la gobernanza en la Comunidad. “Abrir las puertas de las instituciones a la ciudadanía es dar un sentido total a la vocación de servicio de nuestro trabajo”, ha asegurado.

“Como presidente de la Comisión de Transparencia – ha añadido, su papel en la resolución de las reclamaciones de acceso a la información pública, supondrá un antes y un después en el blindaje de este derecho en Castilla y León”.

Castaño también ha subrayado en el Pleno monográfico sobre el informe anual del Procurador la que, en su opinión, es la principal virtud del defensor de pueblo castellano y leonés: la lealtad.

“Su institución demuestra que se puede ejercer de contrapoder sin ser un obstáculo al funcionamiento de la administración. Esta memoria deja patente que servir a la ciudadanía es respetar y cumplir sus atribuciones y, al mismo tiempo, colaborar con las administraciones para superar esta crisis. La unidad y la responsabilidad son indispensables para gestionar una pandemia.”, ha asegurado, en contraposición de la política llevada a cabo por el Partido Socialista y el Gobierno de España en este año de pandemia.

“Las Comunidades Autónomas afrontamos la salida del estado de alarma”, ha ahondado, “con la sensación de asomarnos al precipicio, sin herramientas jurídicas suficientes y esperando que el ritmo de las vacunas y la incidencia acumulada tenga una evolución positiva”.

En este sentido, el parlamentario autonómico ha asegurado que “sin herramientas jurídicas suficientes, es imposible tomar las decisiones acertadas y, sobre todo, tomarlas a tiempo” y ha incidido en el principio que ha guiado toda la acción política del gobierno de Cs y PP desde la llegada de la covid-19: “la defensa del derecho a la vida. Sin él, nuestras libertades individuales o colectivas quedan en entredicho”.

Respecto al informe anual, ha valorado su trabajo “pegado a tierra, cercano al ciudadano y absolutamente necesario por la configuración de nuestra Comunidad Autónoma”. Una memoria marcada por el impacto de la pandemia que recoge “un año de debilidades, pero que también muestra que en los peores momentos Castilla y León afrontó sus peores momentos unida”.

El procurador por Salamanca ha destacado que el 30% de las quejas y actuaciones de oficio son fruto de la pandemia, especialmente en los ámbitos sanitario, educativo y relacionado con las residencias de mayores.

En el primero, ha reconocido “el indudable esfuerzo del sistema de salud, que tuvo que reinventarse en un tiempo récord para evitar un colapso del sistema”. No obstante, ha mostrado su preocupación por que con la lucha contra el coronavirus se haya bajado la guardia “en el tratamiento de otras enfermedades”; así como las numerosas quejas relacionadas con la sanidad en el medio rural que aparecen “de forma recurrente” en los informes anuales del Procurador del Común.

“La presencialidad en la asistencia sanitaria no debería ser sustituida por la ‘digitalidad’. Debe complementarse, siendo una asignatura pendiente a los diferentes sistemas de salud. El uso de la inteligencia artificial y del ‘big’ data son aliados para mejorar la eficiencia de los servicios sanitarios y detectar, entre otras cosas, futuras pandemias”, ha declarado.

Respecto a las residencias de mayores, “el epicentro de la pandemia”, Castaño ha manifestado que no se escatimaron esfuerzos organizativos y presupuestarios para salvar vidas y reducir al máximo el impacto negativo del coronavirus; mientras que, en el caso del inicio del curso escolar, el informe recoge “la incertidumbre” de alumnos, padres y docentes, especialmente aquellos de las zonas rurales que “no disponían de un acceso a Internet en condiciones”.

Semanas complejas a las que la Junta respondió con el aumento del profesorado, la implantación de la jornada continua y la aprobación de un Protocolo de prevención y organización del regreso a la actividad lectiva para el curso 2020-2021.

“Señor Quintana, su informe refleja la dureza de los primeros meses de la pandemia: más de 11.000 muertos en nuestra comunidad y más de tres millones a nivel mundial que nos empujan a una reflexión. Si el interés sanitario global no está por encima de la geopolítica, no seremos capaces de erradicar la covid-19 y el próximo informe del Procurador del Común no mostrará la superación de esta extraordinaria prueba”, ha concluido.

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