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El Grupo Municipal del Partido Popular comenzó el pasado mes a proponer una serie de medidas para la eliminación de amianto en el municipio, ante la inmediata aprobación por parte del Gobierno de la nueva Ley de residuos y suelos contaminados, que obligará a todos los ayuntamientos de España a elaborar un censo de instalaciones con amianto y un calendario para la retirada de este material cancerígeno antes de diciembre de 2022. En esta ocasión, y tras denunciar la presencia de fibrocemento en las ruinas de Bodegas Armando, el Partido Popular ya solicitó la semana pasada al alcalde Diez la realización de un inventario de las edificaciones que hay en el municipio con presencia de amianto; además de iniciar la sustitución urgente de este material. Los populares, por otro lado, instan al equipo de gobierno municipal PSOE-Podemos a diseñar una línea de ayudas para la eliminación de este en todo tipo de edificaciones y según la ley que entrará en vigor próximamente.

El Grupo Municipal del Partido Popular se hacía eco a mediados del pasado mes de marzo de las denuncias de los vecinos de las ruinas de Bodegas Armando ante la desidia y la dejadez municipal. La presencia de ‘uralitas’ viejas en mal estado con presencia de amianto y altamente peligroso para el sistema respiratorio sigue provocando nerviosismo entre los vecinos al desprenderse las partículas al aire; mientras los populares siguen esperando al informe solicitado en la Comisión de Desarrollo Urbano para conocer la peligrosidad de esta situación y en su caso adoptar las medidas urgentes necesarias.

El PP comenzó el pasado mes a proponer una serie de medidas para la eliminación de amianto en el municipio, ante la inmediata aprobación por parte del Gobierno de la nueva Ley de residuos y suelos contaminados, que obligará a todos los ayuntamientos de España a elaborar un censo de instalaciones con amianto y un calendario para la retirada de este material cancerígeno antes de diciembre de 2022. En esta ocasión, el Partido Popular solicitó la semana pasada al alcalde Diez la realización de un inventario de las edificaciones que hay en el municipio con presencia de amianto; además de iniciar la sustitución urgente de este material. Los populares, por otro lado, instan al equipo de gobierno municipal PSOE-Podemos a diseñar una línea de ayudas para la eliminación de este en todo tipo de edificaciones y según la ley que entrará en vigor próximamente.

El RD 396/2006 permite el uso de la ‘uralita’ instalada solamente hasta el final de su vida útil que se estima de media entre 25 y 35 años, según el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo y otros estudios del sector de la construcción.

Desde 2014 no se puede ni vender ni adquirir productos con amianto. El amianto es un material tóxico que se disgrega en pequeñas fibras que se desprenden en el aire. La exposición continua al amianto puede provocar problemas respiratorios por inhalación de las fibras de este mineral y puede derivar en enfermedades graves como asbestosis, cáncer de pulmón o mesotelioma.

La nueva ley estatal obligará a actuar

El amianto está presente en colegios, edificios de viviendas y oficinas, naves industriales, pabellones… Una ‘epidemia silenciosa’, para varias organizaciones medioambientales, de un material muy común en la construcción en la segunda mitad del siglo XX.

El Gobierno ultima la nueva Ley de residuos y suelos contaminados que entrará en vigor esta primavera. Una normativa que obligará a todos los ayuntamientos de España a elaborar este censo de ubicaciones del amianto. La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que cada año en Europa se diagnostican entre 20.000 y 30.000 nuevos casos de enfermedades relacionadas con el amianto. Ante esta situación, los municipios tienen que actuar de inmediato ante la ingente labor de localizar y clasificar cada uno de los lugares con presencia de este material.

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