Leo atónita la frase de Igea (a tenor de la misma, no puedo llamar señor al vicepresidente de la Junta de Castilla Y León), “«No es razonable dar servicios con municipios de 50 personas» y, aunque tengo que confesar que no me pilla de susto dadas las actuaciones de los políticos hasta la fecha, lo que me pasma es la soltura con la que hace semejante afirmación.

Busco febrilmente, aunque sin éxito, un desmentido de su partido y de sus socios de gobierno con lo que, haciendo bueno el dicho de que “quien calla otorga”, asumo que es la doctrina de unos y de otros.

Esos políticos, con Igea a la cabeza, que se niegan a dar servicios a los pueblos pequeños son los mismos a los que se les llena la boca hablando de su lucha contra la despoblación de esos mismos pueblos, en una evidente demostración de que “No es lo mismo predicar que dar trigo”.

Pero lo que ronda el surrealismo es el hecho de que, oportunamente, “olviden” que cuando la Constitución dice que “todos los españoles somos iguales” no hace distingo alguno entre los que viven en las ciudades y los que lo hacen en los pueblos, al tiempo

Ante tamaña desvergüenza, porque no se puede llamar de otra manera a semejante desprecio a los ciudadanos, me pregunto con qué cara, a la hora de cobrar impuestos, no los reducen a los pocos habitantes de esos pueblos a los que se niegan a dar unos servicios dignos?

Y, sobre todo, ¿cómo es posible que todos los ciudadanos no estemos en la calle protestando por semejante discriminación?

¿Es que acaso nos han convencido de que tenemos la obligación de pagar impuestos a cambio de nada? ¿Dónde quedan nuestros derechos?

Alicia Valmaseda Merino

Coordinadora y Portavoz de ComunidadLeonesa.ES

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