Denunciamos el retraso que se viene acumulando para adaptar los Estatutos del Consorcio Provincial de basuras a la legalidad vigente, que es imprescindible en superar su inoperatividad y suma meses de retraso tras su anuncio por parte de la Diputación Provincial. Consideramos que la parte política de este caos debe avanzar en cuestiones básicas que debían estar resueltas hace años, pero también que es el momento de poner otras cuestiones claves sobre la mesa, que a PP y PSOE les debe hacer reflexionar.

La primera es que, aunque reconocer una deuda de 23 millones sirve para que la UTE deje de amenazar con nuevas huelgas por supuestos impagos, también es importante denunciar que esa deuda no se ha generado de la nada. Primero porque la Planta de San Justo de la Vega fue la única en toda la Comunidad Autónoma que no tuvo financiación europea en su ejecución. Esto provocó que la concesionaria adelantara parte de la misma, generando la primera parte de la deuda. La segunda porque PP y PSOE, ya casi en la prehistoria, asumieron las cuentas que la empresa ponía sobre la mesa sin constatar si esta era o no real, sumándose a la cuenta que nació con las obras de construcción de la planta. La tercera que para abonar esta deuda, el consorcio (la Diputación) se sacó de la manga una tasa como poco irregular que obliga a lada vecino y vecina de León a pagar de su bolsillo una deuda que no ha generado.

Pues bien, otros consorcios provinciales, prácticamente todos, se financian mediante aportaciones de los ayuntamientos y las mancomunidades que le pertenecen. León es una anomalía que, de facto, obliga a cada familia y empresa a pagar dos veces por un mismo servicio. Si hubiese un poco de sentido común y no partiésemos de la chapuza que antes se ha descrito, se pagaría la recogida y tratamiento al ayuntamiento o mancomunidad correspondiente y después, serían estas entidades las que abonasen su parte proporcional a GERSUL para completar su presupuesto. Pero no, en León se debate entre mantener o subir la tasa, en medio de la resistencia de la Diputación para no gestionar públicamente su cobro, cuando en realidad debe derogarse y traspasar la responsabilidad en la financiación del consorcio a las partes que lo componen. Al menos esto pensamos desde Actúa y así lo proponemos para su incorporación los nuevos estatutos.

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