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En el pleno de la Diputación de León del pasado 29 de marzo se aprobaron definitivamente los presupuestos. El grupo político IU-Coalición en Común, a través de su diputado Miguel Flecha, fue el único que votó en contra por considerarlos insuficientes en partidas esenciales e ineficaces a la hora de reflotar una provincia tocada y hundida a causa de las políticas neoliberales del PP, tanto a nivel nacional, con la imposición por ley de limitaciones presupuestarias a la hora de realizar inversiones  y para la convocatoria de empleo público (la ya famosa regla de gasto y la estabilidad presupuestaria ), con las nefastas consecuencias que todos y todas padecemos desde hace años, como a nivel provincial y local en nuestra provincia, donde la opacidad en la gestión y dudosos intereses “corporativos” del PP son los que rigen las políticas del equipo de gobierno de la Diputación.

No deja de llamar la atención el hecho de que esta diputación, a diferencia de diputaciones vecinas como la de Zamora, por ejemplo, no posea un  servicio jurídico propio, aún viéndose implicada en multitud de procesos judiciales, de diversa índole e importancia. Al no existir dicha área, no cuenta con una dotación presupuestaria específica y la diputación recurre a la contratación privada de diferentes bufetes para sus litigios. Esta manera de hacer las cosas hace que cada mes seamos testigos de cómo, poco a poco, a través del reconocimiento extrajudicial de créditos o de decretos de presidencia, se vayan abonando cantidades en concepto de honorarios a distintos gabinetes jurídicos, en una sangría cuya suma al final del año, sería difícil de cuantificar.

En IU-Coalición en Común, creemos que la Diputación de León necesita crear ya un servicio jurídico propio, por varios y muy importantes motivos: en primer lugar el ahorro, ya que llevar a cabo el servicio con medios propios, tendría un coste fijo además de evitar el pago del IVA y del beneficio empresarial, propios de los servicios privados y además  se facilitaría la transparencia de esta institución, y su control, que en la actualidad se pueden calificar de “dudosos”. 

A la vista de los hechos, el grupo político IU-Coalición en Común ha registrado la entrada de cuatro preguntas dirigidas al presidente de la Diputación de León, Juan Martínez Majo, con el fin de esclarecer esta situación por parte de la institución provincial:

  1. ¿Cuál es el número de actuaciones jurídicas incluidos procesos judiciales de toda índole llevados a cabo por la Diputación de León mediante la contratación de empresas externas?
  2. ¿Existe una relación de empresas de prestación de servicios jurídicos con las que trabaje la Diputación de León?
  3. ¿Con qué criterios se seleccionan dichas empresas?, ¿En qué consiste el proceso de contratación?

4.        ¿Cuál ha sido el coste anual total de la contratación de estos servicios en los años 2015 y 2016 y cómo se ha justificado el gasto?

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