El director general de Transportes, Ignacio Santos, se ha reunido con representantes de la delegación de la Cámara Municipal de Braganza esta semana en Valladolid por el interés que el sistema de transporte a la demanda, implantado con éxito en Castilla y León, suscita en esta localidad portuguesa. El nuevo modelo de prestación conjunta e integrada del transporte regular y escolar que se está poniendo en marcha en los núcleos rurales de la Comunidad ha motivado la visita por parte del país vecino. Más de un millón de personas ha utilizado este sistema en el medio rural y más de 3.550 localidades se benefician de este servicio implantado en 105 zonas de las nueve provincias de Castilla y León.

Representantes de la delegación de la Cámara de Braganza han visitado la Comunidad para reunirse con el director general de Transporte, Ignacio Santos, con el objetivo de conocer el funcionamiento del transporte a la demanda implantado en Castilla y León. En la reunión se han analizado los pormenores de este sistema, tanto desde el punto de vista ambiental, tecnológico y de financiación y su posible adaptación al ámbito territorial de Braganza.

Esta región portuguesa se encuentra al Norte y limita con la provincia castellana y leonesa de Zamora y la gallega de Orense. Tiene una extensión de 1.174 kilómetros cuadrados y una población de 35.341 habitantes con una densidad de población de 30,1 habitantes por kilómetro cuadrado. Sus características orográficas y demográficas son muy similares a las de Castilla y León lo cual explica el interés de la Cámara Municipal de Braganza en poner en funcionamiento este sistema de transporte ya implementado con éxito en Castilla y León.

De esta forma, la Cámara Municipal de Braganza viene a sumarse al interés en el sistema de gestión de transporte a la demanda así como ya lo han mostrado en otras ocasiones otros gobiernos e instituciones, como los de Hungría, Chile, Alemania, Grecia y otras regiones de Portugal.

Un servicio público que favorece la movilidad en el medio rural

La configuración territorial y poblacional de Castilla y León condiciona, sin duda, la prestación del transporte público en la Comunidad. El extenso territorio -casi 100.000 kilómetros cuadrados- la baja densidad de población y una amplia dispersión geográfica con más de 6.100 núcleos de población exigen una amplia oferta de transporte público, con muchos tráficos rurales, a través de itinerarios largos y con pocos viajeros. Todo ello, determina una baja rentabilidad y una deficitaria explotación obligando a la Administración autonómica a tomar medidas que garanticen el mantenimiento y la calidad de los servicios, para que los ciudadanos de las zonas rurales no tengan la consideración de ciudadanos de segunda. Para ello, es prioritario facilitar el acceso a sus lugares de residencia, trabajo, asistencia sanitaria, interés social y prestación de servicios administrativos en condiciones adecuadas.

El sistema de transporte a la demanda está pensado y diseñado para las personas que viven en los pueblos de Castilla y León, que utilizando las nuevas tecnologías reciben un servicio de transporte realmente ajustado a sus necesidades, un servicio de transporte a la carta.

Mediante este sistema se equipara en la medida de lo posible a los ciudadanos que viven en zonas o ámbitos rurales de baja o mínima población con los que residen en zonas urbanas, facilitándoles el acceso a otros servicios básicos. El transporte a la demanda es sinónimo de servicio público y desarrollo en el mundo rural y de eficacia y calidad en la prestación del servicio de transporte público de viajeros.

Más de un millón de personas ha utilizado este sistema en el medio rural, más de 3.550 localidades se benefician de este servicio implantado en 105 zonas de las nueve provincias de Castilla y León.

Además el transporte a la demanda contribuye no sólo a vertebrar y cohesionar el extenso territorio, sino también a cumplir los objetivos de la UE en cuanto a transporte sostenible. En Castilla y León, se estima que proporcionar el mismo nivel de servicio con un transporte convencional implicaría anualmente un coste cuatro veces superior, recorrer 5,4 millones de kilómetros en vacío y emitir 6.000 toneladas de CO2 más.

Por otra parte, el transporte de uso compartido que integra el transporte escolar con el de uso general, es el resultado de los esfuerzos coordinados entre la Consejería de Educación y la Consejería de Fomento y Medio Ambiente.