Hacen referencia a la entrega a los trabajadores por parte de la empresa de “informes” sobre su “rentabilidad negativa”.
La noticia saltó el pasado jueves. Telemark, una de las empresas de telemarketing afincada en León, remite a sus trabajadores desde principios de año “informes de productividad”. En ellos comparan los costes laborales, según cálculos de la empresa, de cada empleado (incluyendo, además de sueldo y cotizaciones, cuestiones como el aire acondicionado, la electricidad o la calefacción) con el rendimiento económico de su trabajo. Según informa León en Común, “en algunos casos se llega a sugerir al asalariado o asalariada que tiene una deuda con la empresa de hasta 10.000 euros”.
Loa comunes tachan esta práctica de “esclavismo del siglo XXI”, y ponen en tela de juicio la validez de esos cálculos que realiza Telemark. Para el grupo político, “esta es una nueva medida de extrema presión laboral, que se une a las amenazas constantes de despido que sufren las trabajadoras y trabajadores del telemarketing”. Añaden que “estas actitudes empresariales son, por desgracia, muy comunes en este tipo de trabajos”, y denuncian que “generan una situación estrés y una ansiedad continuos en la persona empleada que acaba desembocando en depresión, o en casos más graves como el de Orange en Francia entre 2007 y 2009, en una epidemia de suicidios”.
En su escrito, los comunes también ponen en duda la validez de los números realizados por la empresa para calcular el gasto por trabajador. Aclaran que “al tratarse exclusivamente de una medida de presión patronal, los cálculos deben ser claramente parciales y tendentes a inflar el coste por persona trabajadora”, y añaden que “no tiene lógica ni sentido que la empresa cargue sobre sus trabajadoras y trabajadores la responsabilidad por su mala gestión empresarial”.
León en Común señala a las reformas laborales de PSOE y PP como “facilitadoras de este tipo de prácticas de presión”. Para LeC “el abaratamiento del despido de ambas reformas, y el haber impuesto sobre la persona despedida la carga de demostrar si su despido es procedente o improcedente en lugar de sobre el empresariado, han creado la situación de vulnerabilidad laboral que permite a las empresas meter miedo continuamente a sus empleadas y empleados para poder explotarles con mayor virulencia”.
