Los socialistas y el PP votan en contra de la tasa por el servicio de transferencia, clasificación, tratamiento y eliminación de residuos puesto que las pedanías tendrían que pagar por todas sus propiedades, aunque sean gestionadas por el Ayuntamiento
El PSOE de San Andrés del Rabanedo ha votado en contra de la aprobación definitiva de la tasa por el servicio de transferencia, clasificación, tratamiento y eliminación de residuos domésticos en el pleno extraordinario celebrado este viernes, 29 de diciembre, para así “evitar la quiebra de las cuatro juntas vecinales del municipio”, tal y como ha explicado el portavoz, Benjamín Fernández. Los votos socialistas y del PP han bastado para que el único punto del orden del día no siguiera adelante, ya que solo ha sido votado a favor por UPL y Ciudadanos, mientras que Vox e IU se han abstenido.
Según ha explicado Benjamín Fernández, esta tasa supondría la quiebra técnica de las cuatro pedanías. De hecho, las alegaciones presentadas por Máximo Muñiz, presidente de la Junta Vecinal de Trobajo del Camino, y que han sido rechazadas por el equipo de gobierno, especificaban que tal y como se expone en esta nueva normativa que ahora asume el Ayuntamiento tras la disolución de Gersul se tendría que pagar por todas las dependencias de cada entidad menor, aunque sean gestionadas por el Consistorio.
En el caso de la Junta Vecinal de Trobajo del Camino, la pedanía tendría que hacer frente a la tasa por inmuebles como el Punto Limpio, el Centro de Mayores, el vestuario de trabajadores de la avenida Constitución, el campo de fútbol de La Barrera o el solar lavadero de camiones de la calle Alfageme, todos ellos gestionados por el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo. Pero también por otros espacios como el cementerio, los parques de La Era, el de la Iglesia o el de la calle La Fuente, así como la sede de la Junta Vecinal u otros locales.
Según la superficie total de todas estas dependencias, el coste anual para la Junta Vecinal de Trobajo sería de 12.311,20 euros, de ahí que supondría en la práctica la quiebra de esta entidad menor e imposibilitaría cumplir con sus obligaciones y servicios prestados a los vecinos y vecinas. De igual forma sucedería con el resto de pedanías del municipio.
En este sentido, en las alegaciones presentadas en cuanto se ha tenido constancia por parte de los técnicos municipales de cómo se iba a cobrar, se especifica que no existe “un acuerdo económico que financie, al menos parcialmente, la prestación de las competencias que nos son propias (administración y conservación de nuestro patrimonio, así como la vigilancia, conservación y limpieza de los caminos o vías) y también de aquellas otras que han de entenderse delegadas por haberse estado prestando desde hace muchos años”.
“Se da por tanto la peculiaridad de que el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo se aprovecha de los bienes de las entidades locales menores dependientes de dicho Ayuntamiento sin que este financie a las entidades menores y que, a mayor abundamiento, como sucede en esta ordenanza, grave los bienes de las juntas vecinales destinados no solo a la prestación de las competencias de las juntas vecinales sino a las competencias, delegadas o no, municipales tales como cementerio, parque público o instalaciones deportivas de uso público (artículo 26 de la LRBRL)”.
“Es por ello que en el pleno extraordinario se ha preguntado en numerosas ocasiones al equipo de gobierno cómo podría asumirse por parte del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo el pago de la tasa por las dependencias gestionadas por el Consistorio pese a ser propiedad de las juntas vecinales, y no se ha aclarado ni cómo ni cuándo se podría hacer”, resalta Benjamín Fernández, algo que ha supuesto que tanto PSOE como PP votaran en contra de la aprobación definitiva de la tasa, que tendrá que ser asumida por las arcas municipales y no será girada a la ciudadanía durante el próximo ejercicio.
Fernández ha recordado que esta cuantía puede ser asumida perfectamente por el Ayuntamiento de San Andrés, ya que los remanentes positivos de tesorería son suficientes para hacer frente a esta cantidad, incluso si el equipo de gobierno hubiera amortizado el total que se había aprobado antes del fin del anterior mandato.
