La concejal de Cs ha presentado su documento de conclusiones para la Comisión de Investigación sobre la trama Enredadera

La concejal de Ciudadanos León, Ana Carlota Amigo, quien ha presidido la Comisión de Investigación de la trama Enredadera ha presentado su documento final de conclusiones en el que hadestacado la pertinencia de este tipo de órganos para investigar políticamente cualquier indicio de corrupción en el seno del Ayuntamiento y ha asegurado que el “comportamiento del alcalde, Antonio Silván, en todo este proceso ha sido engañoso y ha demostrado falta de ética política”.

 “La sombra de la sospecha ha recaído sobre el Sr. Silván desde que tuvimos conocimiento de sus conversaciones en la trama Enredadera y no ha hecho nada por despejarla”, ha expresado Amigo Piquero, quien ha recordado además “las malas artes” del Partido Popular por intentar que la Comisión no se desarrollase convenientemente con el único fin de proteger a Silván, que repite como candidato del PP a la alcaldía en los comicios de mayo.

Amigo Piquero ha explicado que el texto de las conclusiones, de 22 páginas, refleja expresamente que al no haber comparecido el alcalde en la Comisión de Investigación el 6 de marzo, tal y como estaba citado, en el dictamen y ante la opinión pública quedarán las conversaciones telefónicas publicadas del sumario que “suscitan dudas razonables sobre si el alcalde incurría de forma habitual en prácticas éticamente objetables y objetivamente irregulares consistentes en utilizar la influencia personal en ámbitos de gobierno municipal para dar información privilegiada en favor de intereses empresariales,”.

En las conclusiones se destaca además que el alcalde, al negarse a declarar, no sólo incumple sus obligaciones legales como alcalde y máximo responsable del Ayuntamiento de León, “pues tiene obligación de declarar cuando es convocado a las sesiones de los órganos municipales”, sino que además, “incumple su compromiso con los leoneses al haberse comprometido en un Pleno a comparecer y contestar a las preguntas que se le hicieran en la Comisión”.

“El Partido Popular y el alcalde quisieron una Comisión a su medida y Ciudadanos no se lo permitió,” ha asegurado Amigo Piquero, quien ha incidido sobre la complejidad de sacar adelante una investigación política en el Ayuntamiento de estas características,  “sobre todo cuando absolutamente todos los grupos políticos o la boicotean o la deslegitiman, y los propios miembros que la conforman, en este caso el Partido Popular, hacen todo lo posible para desacreditarla.”

“Ciudadanos, por el contrario, ha luchado para que esta Comisión de Investigación fuese transparente y garantista,” ha remarcado la concejal de la formación naranja.

En cuanto a la declaración de los doce técnicos municipalesAmigo Piquero ha subrayado que el dictamen concluye que “han transmitido su confianza en los procedimientos del Ayuntamiento, ya que consideran que la gestión de los contratos que se llevó la UDEF fue ajustado a la legalidad,” y les ha vuelto a agradecer que hayan respondido a las preguntas de la Comisión.

“Sí hemos echado en falta, por otra parte, las comparecencias de los técnicos investigados que hubieran arrojado mayor luz sobre esta investigación”, ha añadido la presidenta de la Comisión.

En el apartado de las comparecencias de los concejales Aurora Baza, Ana Franco y Fernando Salguero, Amigo Piquero ha señalado que “sorprende” de sus declaraciones ante la Comisión, que el alcalde no estuviera informado de la tramitación y adjudicación de los contratos más relevantes del Ayuntamiento, y ha hecho referencia al llamativo “lapsus de memoria” del concejal de Movilidad y Seguridad en cuanto a si se reunió con empresarios de la trama. 

Para finalizar, ha pedido que este comportamiento del Partido Popular, y en especial el del alcalde, Antonio Silván, sea tenido en cuenta por los ciudadanos en las urnasel próximo 26 de mayo.

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS

A)        Sobre la pertinencia de la Comisión de Investigación. A la vista de las sesiones celebradas y las que no se han podido celebrar, se puede concluir que  la existencia de estas comisiones es absolutamente necesaria para casos como el presente, en el que una trama corrupta que afecta a ayuntamientos de toda España, pone en cuestión el buen funcionamiento de los procesos administrativos, además de poner en cuestión la honorabilidad y la gestión de los propios concejales del equipo de gobierno. Por ello, se propone que en el futuro Reglamento Orgánico que realizará el Ayuntamiento, gracias a la moción presentada por Ciudadanos, y aprobada por todos los grupos,  se contemplen con regulación específica estas comisiones de investigación, de forma independiente de las comisiones informativas permanentes, aunque de manera igualmente rigurosa con el fin evitar situaciones como la ocurrida en esta comisión, en la que gran parte de los concejales de la Corporación Municipal, se negaron a acudir absolutamente a todas las sesiones de un órgano aprobado en el Pleno del Ayuntamiento y regido por las normas de la Administración Local.

B)        Sobre el formato y la publicidad de las sesiones. Se ha comprobado la urgente necesidad de que el Ayuntamiento de León tenga aprobado lo antes posible un Reglamento Orgánico que, entre otras muchas cosas, otorgue seguridad a cómo se deben celebrar las sesiones de una Comisión de Investigación, sobre todo en lo relativo a la transparencia y al igual que ocurre en las sesiones homólogas de otras instituciones parlamentarias.

C)        Sobre la tramitación administrativa de los expedientes de contratación y la actuación de los funcionarios, se ha comprobado que todos los técnicos que han declarado, han respondido a las preguntas relevantes de manera profesional, técnica y aportando aclaraciones a las dudas que se les han planteado respecto a su participación, o bien  en la realización del pliego de alguno de los contratos que se llevó la UDEF, o bien en la  ejecución o desarrollo  del proyecto de alguno de los contratos.

Podemos concluir que los procesos administrativos de los expedientes analizados, se encuentran conforme a la ley.

Sin embargo, queremos destacar que respecto a las declaraciones de la parte técnica de servicios sociales que supervisó el contrato de Ayuda a Domicilio y preguntada por el Sr. Salguero,  sobre si la oferta seleccionada que ganó una de las empresas investigada en la trama Enredadera y propiedad del empresario investigado en la trama, Don José Luis Ulibarri, era la mejor oferta presentada, ésta opta por declinar el responder a esta pregunta. Siendo la única pregunta a la que no contestó.

D)        Sobre las declaraciones de los políticos y su intervención en los expedientes de contratación: Las declaraciones de las concejalas, Dña. Aurora Baza y Dña. Ana Franco, fueron breves, sin mucha explicación y en ambos casos sorprende que a la pregunta de si informaban al alcalde, Don Antonio Silván, del desarrollo de los contratos por ellas gestionados desde sus concejalías, contestaran que no.

El hecho de que en ningún momento ninguna de las dos concejalas informara al Alcalde sobre el desarrollo de esos contratos, especialmente en el caso de Dña. Aurora Baza, ya que desde su concejalía de Familia y Servicios Sociales se aprobó el mayor contrato en cuantía de esta legislatura correspondiente al Servicio de Ayuda a Domicilio y que fue adjudicado a la empresa Aralia, propiedad del empresario, Don José Luis Ulibarri, alberga dudas de que estas afirmaciones fueran veraces puesto que le corresponde al alcalde, Don Antonio Silván, tener conocimiento de todos los contratos y procedimientos administrativos del Consistorio y lo mismo cabe deducir por las extracciones de conversaciones que se han publicado en prensa.

Los técnicos han asegurado en las comparecencias que este contrato se gestionó de manera transparente y sin interferencias de ningún tipo ni por parte de la concejala, Dña. Aurora Baza, ni por parte del alcalde, Don Antonio Silván, ni por parte de ninguna de las empresas que se presentaron a la licitación.

Desde Ciudadanos insistimos en que sorprende que la concejala no hablara con el alcalde, Don Antonio Silván, sobre este tema, ya que sabemos del interés de éste y otros ex concejales del Partido Popular, como Don Angel Villa, por informar al señor Ulibarri, de cómo se desarrollaba este contrato. Las conversaciones que se han publicado en los medios de comunicación que implican al alcalde, Don Antonio Silván, así lo demuestran.

Mención aparte merece la declaración del concejal de Seguridad y Movilidad, Don Fernando Salguero. En su caso las respuestas fueron más amplias que las de sus compañeras de corporación, pero interpelado al respecto de conversaciones de terceros aparecidas en los medios de comunicación y que le implicaban en reuniones con empresarios de la trama Enredadera interesados en conseguir contratos en el Ayuntamiento de León, contesta literalmente y por dos veces “no recuerdo que me reuniera con representantes de la empresa Gespol, ni lo niego”.

Es cuanto menos llamativo, que un concejal no recuerde si ha quedado o no con empresarios que se presentan a varias licitaciones del Ayuntamiento y que por las conversaciones publicadas, tenían una relación más que habitual con algunos concejales del Partido Popular de León. De hecho uno de los exconcejales ahora investigado, Don Jose María Lopez Benito, tenía no solo relación, sino que además facilitaba presuntamente y según las conversaciones publicadas, información sobre las licitaciones que se iban a convocar por el  Ayuntamiento.

E)         Sobre la ausencia de declaración del alcalde, Don Antonio Silván, y su intervención en alguno de los expedientes de contratación.

El hecho que motiva desde el principio esta Comisión de Investigación, es la publicación de unas conversaciones del alcalde con varios empresarios de la trama Enredadera, especialmente por proporcionar información en tiempo real al empresario, Don José Luis Ulibarri, de un concurso público de un millón de euros que el empresario perdía.

Don Antonio Silván es un nombre que aparece repetidamente en las conversaciones de las transcripciones de las escuchas surgidas en la operación Enredadera contra la corrupción en la contratación pública. En ellas, el alcalde llamaba directamente al empresario, Don José Luis Ulibarri, considerado presuntamente el “jefe” de la trama corrupta y que fue encarcelado tras prestar declaración en el Juzgado de Badalona y, como ha reconocido el propio Silván, al que le une una reconocida amistad.

El empresario es además es el gana el concurso público del servicio de ayuda a domicilio del Ayuntamiento de León y del que también se han publicado otras tres conversaciones que afectan a este contrato.

El alcalde de León, Don Antonio Silván, al  negarse a declarar, no sólo incumple la Ley de Bases de Régimen Local, sus obligaciones legales como alcalde y máximo responsable del Ayuntamiento de León —pues tiene obligación de declarar cuando es convocado a las sesiones de los órganos municipales—, sino que además, incumple su compromiso con los leoneses, al haberse comprometido en un Pleno a comparecer y contestar a las preguntas que se le hicieran en la Comisión, preguntas que todos nos hacemos sobre su posible implicación en la Trama Enredadera y abandonar de manera malintencionada, cuando ha visto que le podía traer peores consecuencias declarar y explicar esas conversaciones que faltar a su palabra al no acudir a declarar.

Con su vergonzosa actuación de no comparecer en la Comisión de Investigación, la sospecha de sus implicaciones en la trama corrupta Enredadera aumenta de forma considerable. Por ello, dado que Antonio Silván no ha aportado ninguna respuesta ni ha querido proporcionar más explicación sobre el objeto de la investigación que concierne a esta Comisión de Investigación, lo único que puede quedar reflejado en este dictamen son las conversaciones telefónicas publicadas del sumario de la operación Enredadera, que suscitan dudas razonables sobre si el alcalde incurría de forma habitual en prácticas éticamente objetables y objetivamente irregulares consistentes en utilizar la influencia personal en ámbitos del gobierno municipal para dar información privilegiada en favor de intereses empresariales.

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