El escrito que va a presentar este viernes al Supremo contendrá solo cargos de sedición y malversación. Se desmarca de la Fiscalía, que sí pedirá el cargo de rebelión para Junqueras y otro ocho procesados.

La Abogacía del Estado no acusará este viernes a los líderes del procès independentista de rebelión, que exige un alzamiento violento y conllevaría penas de hasta 30 años. El escrito de calificaciones provisionales que presentará al Tribunal Supremo contendrá solo los cargos de malversación y de sedición, según  confirman a la agencia Efe fuentes del Gobierno.

El organismo, que orgánicamente depende del Ministerio de Justicia, se desmarca de este modo de la Fiscalía General del Estado, que sí pedirá previsiblemente el cargo de rebelión en su escrito para el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y los otro ocho procesados que están en prisión preventiva.

La Abogacía entenderá que los acontecimientos que culminaron con la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) no se dieron los episodios de violencia suficientes que mantenga una acusación de rebelión con el objetivo de declarar la independencia de una parte del territorio nacional.

Este órgano, que representa los intereses del Estado, se personó más tarde en la causa por la malversación sobre el que ha pivotado su actuación y las diligencias solicitadas, y no tenía de hecho que pronunciarse sobre la rebelión o la sedición.

A lo largo de la instrucción, siempre respaldó el criterio de la Fiscalía en relación a la violencia y rebelión, hasta el punto de que cuando pidió al Supremo que cerrase la investigación, solicitó que se juzgara a los procesados por rebelión, malversación y desobediencia. Por tanto, su decisión de acusar de sedición supone un cambio en la estrategia que ha mantenido hasta la fecha.

El delito de sedición, hasta 15 años

Según el Código Penal, cometen delito de sedición quienes se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes.  Y añade que “los que hubieren inducido, sostenido o dirigido la sedición o aparecieren en ella como sus principales autores, serán castigados con la pena de prisión de ocho a diez años, y con la de diez a quince años, si fueran personas constituidas en autoridad”.

Por su parte, el delito de malversación contempla penas de hasta 12 años de prisión “si el valor del perjuicio causado o de los bienes o efectos apropiados excediere de 250.000 euros”, lo que se supere holgadamente en este caso, después de que la Guardia Civil elevara a 3,2 millones la cantidad malversada en un escrito remitido al alto tribunal.

Pablo Casado: “Es indecente”

El futuro judicial de políticos como Junqueras queda en buena medida determinado por las acusaciones del viernes, de cara al juicio que previsiblemente empezará en enero próximo.

Además, la calificación de Fiscalía y Abogacía del Estado tendrá un indudable impacto en la política nacional porque ERC y PDeCAT esperan hacer efectiva su advertencia al Gobierno de que si el Ministerio Fiscal acusa de rebelión no apoyará los Presupuestos de 2019.  

“Es indecente que el Gobierno humille a España forzando a la Abogacía del Estado a desmarcarse de la Fiscalía y a no acusar por rebelión a los golpistas. Sánchez está inhabilitado para seguir al frente de Gobierno y debe convocar elecciones ya”, ha protestado el líder del PP, Pablo Casado, tras conocer que la Abogacía se desmarca del cargo de rebelión.

Es indecente que el Gobierno humille a España forzando a la Abogacía del Estado a desmarcarse de la Fiscalía y a no acusar por rebelión a los golpistas. Sánchez está inhabilitado para seguir al frente de Gobierno y debe convocar elecciones ya.

El partido Vox, personado como acusación popular, también presentará sus calificaciones provisionales y acusará a los políticos catalanes de rebelión o, subsidiariamente, de sedición, malversación y organización criminal.

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