El Consejo de Función Pública de la Junta de Castilla y León ha aprobado el Decreto Ley por el que se habilita al incremento de las retribuciones y se eliminan las limitaciones para el abono del 100% en las situaciones de incapacidad temporal del personal al servicio del sector público

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) valora “positivamente” el incremento salarial de los empleados públicos de la Junta de Castilla y León, del 1,75% desde el 1 de julio, así como la decisión de la complementación del 100% de las retribuciones en las incapacidades laborales transitorias (ILT), que se han aprobado en el consejo de Función Pública de la Junta de Castilla y León celebrado del pasado viernes.

   “Estos acuerdos suponen dar cumplimiento a los puntos primero y quinto del acuerdo alcanzado entre el Gobierno central y los sindicatos de marzo, para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo, firmado por CSIF a nivel nacional”, explica la responsable de Acción Sindical de CSIF Castilla y León, Raquel Fernández.

Esta subida salarial (junto a la complementación del ILT del 100% del salario) será efectiva una vez finalizados los trámites del Decreto-Ley que tiene previsto que se apruebe por la Junta de Castilla y León en la última semana del mes de agosto, estando previsto que se cobre el incremento del 0,25% con carácter retroactivo al 1 de julio en la nómina del mes de septiembre.

Asimismo, se negociará a partir de septiembre los fondos adicionales, por un importe máximo del 0,20% de la masa salarial anual para, entre otras medidas, la implantación de planes o proyectos de mejora de la productividad, la revisión complementos específicos entre puestos con funciones equiparables, o la homologación de complementos de destino.

“Desde CSIF hemos solicitado que durante el resto del año 2018 se negocien a la mayor brevedad posible los otros puntos del II acuerdo alcanzado en marzo entre el Gobierno central y los sindicatos”, ha señalado Raquel Fernández ,como son la oferta de empleo público para el año 201; los procesos de estabilización de empleo público; las medidas en materia de jornada de trabajo y de conciliación del personal al servicio de las Administraciones Públicas; y otras medidas en materia de condiciones de trabajo de los empleados y empleadas públicos y de seguimiento de los acuerdos, impulsando la aprobación de planes de igualdad y el estudio de medidas de conciliación y de corresponsabilidad.