Los procuradores leoneses Tino Rodríguez y Montserrat Álvarez alegan que la limitación para menores de 18 años implica un gasto “imposible de asumir para pacientes con menores rentas o en situación de vulnerabilidad económica” 

Los procuradores del PSOE por León Tino Rodríguez y Montserrat Álvarez Velasco han registrado en las Cortes una pregunta en la que reclaman a la Junta que responda si prevé ampliar el límite de edad en la ayuda establecida para el dispositivo que evita los pinchazos a los enfermos de diabetes.

Los parlamentarios autonómicos recuerdan que el consejero de Sanidad, José Antonio Sáenz Aguado, anunció que a lo largo del presente año 2018 se incorporaría a la cartera de servicios sanitarios el medidor continuo de glucosa para pacientes con diabetes menores de 18 años.

“A partir de esa edad, el coste que deben asumir las personas afectadas por esta enfermedad asciende a los 120 euros al mes, ya que la duración de este dispositivo es de 14 días”, esgrime Rodríguez que añade que se trata de un gasto “imposible de asumir para aquellos pacientes con menores rentas o que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica”.

Por ello, el parlamentario autonómico leonés abogó por que se abra la posibilidad de ampliar el límite de los 18 año para determinados casos como ya se hace en comunidades como Valencia y Cantabria y se ha anunciado en otras como Madrid y Cataluña.

La medición continua de glucosa se ha convertido en uno de los puntales clave en lo que se refiere a mejorar la calidad de vida de las personas con diabetes. Frente a la medición capilar tradicional (la del pinchazo en el dedo), la medición continua se realiza a través de la instalación de una cánula bajo la piel que mide el volumen de glucosa en el líquido intersticial.

Además de Castilla y León, y las aludidas de Valencia y Cantabria, otras comunidades se han sumado a la financiación de estos dispositivos para diabéticos: País Vasco, Castilla-La Mancha y Andalucía. Además, otro grupo de ellas han anunciado su incorporación en sus respectivos sistemas de salud. Es el caso de Canarias, además de las referidas de Madrid y Cataluña.