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El grupo parlamentario de Podemos CyL pide a la Junta de Castilla y León, a través de una iniciativa, que promueva la creación de consorcios de transporte metropolitano públicos provinciales, con competencias de Autoridad de Transporte Metropolitano homologables al ámbito europeo.

Que impulse a través de dichos consorcios los tipos de transporte menos contaminantes, con los vehículos públicos eléctricos y la bicicleta a la cabeza, fomentando la intermodalidad a todos los niveles. Que fomente las frecuencias y horarios que agilicen los desplazamientos, permitiendo una auténtica movilidad bidireccional entre alfoz y capital. Que establezca conexiones y frecuencias de la red metropolitana con el ferrocarril para la mejor interconexión con los servicios de media distancia y la red de alta velocidad en otras provincias. Que diseñe abonos y unificar tarifas entre transporte urbano y metropolitano adecuadas a las necesidades y rentas de los usuarios, reforzando las conexiones rurales, descuentos según la renta del usuario, modalidades temporales de billete, etc. Que promueva un sistema de márketing y publicidad integrado para todas las redes provinciales de transporte metropolitano, que sea claro, transparente y atractivo, con el objetivo de aumentar la cuota anual de usuarios. Y que desarrolle sistemas y aplicaciones digitales de consulta, seguimiento y otro tipo de informaciones sobre las rutas, transbordos, tiempos, mapas de itinerarios recomendados, etc. para los viajeros.

Ahora, que se está planteando una Ley de transporte de viajeros por carretera, Podemos CyL presenta sus líneas básicas, a través de una iniciativa sobre la que queremos que todos los partidos se posicionen.

La movilidad dentro de las áreas metropolitanas es un eje fundamental para el desarrollo económico, social y cultural, así como para luchar contra el cambio climático y la contaminación y potenciar la pacificación de nuestros hábitats.

Algunas de nuestras ciudades, como Salamanca, Valladolid, León o Burgos, que ya cuentan con transporte metropolitano siguen sin dar un auténtico servicio público. Ello se debe a falta de financiación e implicación por parte de la Junta de Castilla y León, pero también por la falta de integración de los sistemas operativos, el uso desproporcionado de la fórmula de la concesión, la no existencia en casi todos los casos de consorcios, las escasas posibilidades de intermodalidad y la falta de un sistema de tarifas, horarios y rutas que sitúen a este tipo de transporte en una posición prevalente con respecto al vehículo privado.

Una política eficaz, moderna, social y sostenible de transporte de viajeros debe partir, en primer lugar, de la base de que no hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, dependiendo de dónde vivan. Es decir, tiene que tener un espíritu de interconectar todo el territorio sin dejar a nadie atrás. En segundo lugar, esas políticas deben concebir el transporte y la movilidad de las personas como un servicio público y universal. En tercer lugar tienen que establecer la prioridad del transporte público y limpio por encima del resto, desde una perspectiva de eficiencia económica, social y ambiental. En cuarto lugar, tales políticas deben impulsar decididamente los transportes limpios y las fórmulas de intermodalidad. Por último, deben establecer fórmulas de gobernanza y toma de decisiones transparentes, eficaces y participadas.