Ante la falta de aplicación del Decreto 3/2017, por el que se regulan los establecimientos de alojamiento turístico de Castilla y León que está dejando en situación de indefensión sobre todo a los establecimientos más pequeños León Despierta reclama que se apliquen las medidas de control oportunas para corregir la situación.
Inexplicablemente, ya se había emitido el DECRETO 17/2015, de 26 de febrero, por el que se regulan los establecimientos de alojamiento en la modalidad de apartamentos turísticos en la Comunidad de Castilla y León, con un contenido extrañamente similar al posterior, en el que por cierto, no se observa la derogación del 17/2015, por lo que parece que la finalidad para simular que se toma algún tipo de medida consiste en legislar una y otra vez sobre lo mismo, como si la emisión de la norma conllevara automáticamente y de manera cuasi mágica, que se aplique sola sin necesidad del ejercicio de la acción de gobierno.
La Consejería de turismo es la responsable de dictar las disposiciones necesarias para la aplicación y cumplimiento del decreto, sin embargo se aprecia la inacción de la Junta de CyL en una de sus responsabilidades con la consecuencia de afectar de manera negativa al sector turístico, que si bien seguimos diciendo que es insuficiente para mantener una economía sostenible para el municipio, es innegable su importancia para la misma y para las arcas municipales.
Sin embargo, vemos como proliferan sin el más mínimo control pisos turísticos cuyas consecuencias económicas se han mostrado recientemente en la ocupación de Semana Santa (no todo es achacable al mal tiempo) o en futuras consecuencias en los precios de los alquileres que acaben de desplazar población permanente para sustituirla únicamente por turistas, con lo que el efecto en cadena se transmite al comercio de la zona.
De hecho, la Plataforma de Hostales y Pensiones Independientes ya había pedido al Consistorio que tomara cartas en el asunto, reclamación que apoyamos completamente.
Le recordamos al alcalde Antonio Silván que ya hace tiempo que advertimos de estas cuestiones y se limitó a ningunearlas al calificarlas de “turismofobia”; pues bien, parece que la turismofobia la ejerce quien pone en peligro el sector, no quien pide una protección de los intereses locales frente a modelos que evitan el control fiscal.
Ante la pasividad de quien debe ejercer la competencia, el Ayuntamiento debe tomar cartas en el asunto y emitir una Ordenanza Municipal que permita el control al que obliga la legalidad. Al igual que regulamos mediante las Zonas de Saturamiento Acústico la convivencia entre hostelería y vecindad, debemos regular la convivencia entre ciudadanía y turismo.
Si la el PP de la Junta mira a otro lado para cumplir sus obligaciones, la institución que por naturaleza es más cercana a la ciudadanía y por tanto, conoce mejor que nadie sus problemas, no puede permitirse hacer lo mismo.
