El Foro de Contratación Socialmente Responsable está integrado por administraciones y empresas privadas que trabajan por aprovechar todo el potencial de la contratación pública y privada para alcanzar objetivos sociales, especialmente en el empleo inclusivo. Con esta incorporación al Foro, Castilla y León quiere aportar su reconocida experiencia en esta materia para contribuir a extender y ampliar la contratación responsable tanto en el ámbito público como en el privado, compartir experiencias e iniciativas y buscar y alcanzar alianzas tanto públicas como privadas que nos permitirán seguir mejorando y ampliando la aplicación de esta forma social de contratar. Alicia García, que ha pasado a formar parte de la nueva Junta Directiva de esta entidad, ha asegurado que en este Foro se integran las mayores empresas de España y la colaboración resultante se puede traducir en más empleo y más oportunidades para las personas vulnerables de Castilla y León.
La Junta de Castilla y León ha pasado a formar parte de la Asociación ‘Foro de Contratación Socialmente Responsable’, una organización nacional sin ánimo de lucro que surgió en 2010 por iniciativa del sector de la discapacidad español (ONCE, CERMI y Feacem) y una serie de grandes empresas privadas con la intención de reunir a administraciones y empresas privadas en el impulso de las cláusulas sociales en la contratación pública y privada para incrementar las oportunidades laborales de las personas con discapacidad y la accesibilidad universal. Junto a esto, este Foro pretende prestar asistencia técnica a empresas y a administraciones en materia de contratación social, proporcionar información relativa a nuevas licitaciones que incluyan cláusulas sociales, fomentar la creación de alianzas o difundir las buenas prácticas en esta materia.
Se trata de la única iniciativa europea que reúne en un mismo foro entidades públicas y privadas a nivel nacional para fomentar la contratación pública socialmente responsable. Forman parte de este Foro, que preside el ex presidente del Gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero, varios ministerios, tres comunidades autónomas, varios ayuntamientos españoles y numerosas empresas públicas y privadas, así como la mayoría de empresas del IBEX 35.
Castilla y León ha formalizado hoy su ingreso a este Foro de Contratación Socialmente Responsable con la incorporación de la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, como nuevo miembro de la Junta Directiva de la entidad y con su asistencia a la Asamblea General de la asociación. García se ha referido a que la Junta de Castilla y León comparte plenamente los objetivos de este Foro y que desde hace años, y con carácter pionero en España, está comprometida con facilitar y apoyar el empleo y la inclusión social de las personas más desfavorecidas, para lo que cuenta con un avanzado sistema de contratación pública socialmente responsable. En este sentido, ha recordado que el CERMI, a nivel nacional, ha puesto como ejemplo a Castilla y León por su sistema de contratación pública responsable como una estrategia para convertir las decisiones de compra de bienes y servicios en un instrumento para garantizar la inclusión social de las personas más vulnerables.
Y precisamente, para seguir avanzando y mejorando en este línea de trabajo, la consejera ha señalado que con la incorporación de Castilla y León a este Foro se pretende aportar esa reconocida experiencia de la Comunidad en esta materia para contribuir a extender y ampliar esta contratación responsable tanto en el ámbito público como en el privado, para compartir experiencias e iniciativas y para buscar y alcanzar alianzas tanto públicas como privadas que permitirán seguir mejorando y ampliando la aplicación de esta forma social de contratar. García ha asegurado que en este Foro se integran las mayores empresas de España y la colaboración resultante se puede traducir en más empleo y más oportunidades para las personas vulnerables de Castilla y León.
Una legislatura con avances en la contratación socialmente responsable
Castilla y León fue una Comunidad pionera en España en impulsar una contratación socialmente responsable, que en la actualidad se sigue mejorando y ampliando. De hecho, la Junta de Castilla y León estableció ya en 2012 una cuota obligatoria del 6,5 % del total adjudicado reservada a contratos destinados a centros especiales de empleo y la incorporación de cláusulas sociales que priman en la adjudicación a las empresas que incorporen medidas sociales.
Pero ha sido en esta legislatura cuando se ha dado un nuevo y fundamental paso en este sentido con el que la Junta de Castilla y León ha reforzado la contratación pública socialmente responsable. Alicia García ha recordado que en julio de 2016 se aprobó un nuevo Acuerdo que incluye importantes novedades para incrementar el acceso al empleo de las personas con discapacidad y los colectivos más vulnerables. Las novedades más destacadas son la ampliación de la reserva de contratos, además de a los Centros Especiales de Empleo como hasta ahora, a las empresas de inserción laboral; la creación de los proyectos de inserción socio-laboral para fomentar la contratación de personas en situación o riesgo de exclusión social con ocasión de la tramitación de contratos del sector público; la puesta en marcha de un ‘Banco de buenas prácticas’ que servirá de asesoramiento y orientación en la aplicación de las cláusulas sociales. Además, se eleva del 6,5 % al 6,8 % la reserva de contratación.
Los resultados respecto a la contratación socialmente responsable en Castilla y León indican que están permitiendo la integración laboral de miles de personas vulnerables. Desde la entrada en vigor, en 2012, de esta contratación socialmente responsable hasta julio de 2017
Se han adjudicado más de 1.950 contratos reservados, principalmente a centros especiales de empleo, por casi 27,8 millones de euros, lo que ha permitido un crecimiento en el número de centros especiales desde los 190 de 2012 a los 208 de la actualidad y en el número de trabajadores con discapacidad en ellos, de los 3.875 trabajadores, en el año 2012, a los 4.965, en julio de 2017.
Junto a esto, la adjudicación de contratos que incorporan cláusulas sociales supone ya casi el 80 % del importe total adjudicado, es decir, que la incorporación de cláusulas sociales ha sido una práctica generalizada y representa prácticamente toda la contratación de la Administración. Se ha pasado de los 181 millones de euros de contratos que contienen en sus pliegos cláusulas sociales a los 451 millones de euros en el año 2016.
Alicia García se ha referido a que, en el compromiso de seguir mejorando, se va a seguir trabajando en esta herramienta llevando a cabo contrataciones con empresas privadas condicionadas a que, a su vez, tengan en plantilla a personas contratadas en situaciones de especial vulnerabilidad, como perceptores de Renta Garantizada de Ciudadanía, mujeres víctimas de violencia de género o personas con discapacidad.
