En 2017, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades refuerza el trabajo en los itinerarios personalizados de inserción con más de 5,2 millones de euros, como principal instrumento para apoyar la formación y el acceso al empleo de las personas con discapacidad. Junto a esto, en 2016 la Administración de Castilla y León adjudicó contratos por más de 456 millones de euros cuyos beneficiarios fueron personas con discapacidad: por un lado, mediante la adjudicación de 1.900 contratos que incorporaron cláusulas sociales por un importe superior a los 450 millones de euros y, por otro, a través de la reserva de contratos a centros especiales de empleo, por 6,4 millones de euros. Castilla y León registró en 2016 una cifra récord de contratos de personas con discapacidad, con 16.000 contratos, lo que supone un incremento del 16,3 % respecto a 2015 y duplicar la cifra de 2012.

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, ha clausurado el Foro Inserta sobre la ‘Gestión estratégica del talento diverso como fuente de innovación, competitividad y RSE-Discapacidad, impulsado por la Fundación ONCE. En la clausura de este encuentro empresarial, García ha defendido el activo estratégico para la sociedad que suponen las personas con discapacidad y ha animado a las empresas a promover el empleo para las personas con discapacidad por los altos beneficios que conlleva tanto en términos de rentabilidad social como económica. Diferentes estudios determinan que el 34 % de las empresas creen que contratar personas de difícil empleabilidad supone tener un personal altamente motivado, que la productividad de estos trabajadores, en muchas ocasiones, supera a la de sus compañeros sin discapacidad o que el absentismo laboral es mucho menor. En este ámbito, Castilla y León registró en 2016 una cifra récord de contratos de personas con discapacidad, alcanzando los 16.000, lo que supone un incremento del 16,3 % respecto a 2015 y duplicar el número de 2012.

A pesar de estos avances, Alicia García ha insistido en la necesidad de seguir trabajando entre todos para la integración laboral de las personas con discapacidad apostando por el empleo, una prioridad para la Junta de Castilla y León, que desarrolla en colaboración con las entidades del tercer sector de la comunidad a través de CERMI Castilla y León con varias iniciativas, que responden a un nuevo enfoque del modelo de inclusión sociolaboral centrado, no en las discapacidades de una persona, sino en sus capacidades.

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades ha señalado que uno de los principales instrumentos con los que trabaja la Junta por el empleo de las personas con discapacidad son los itinerarios personalizados de formación y empleo, a los que la Consejería destina en 2017 más de 5,2 millones de euros, un 21,8 % más que en 2016. 3.586 personas con discapacidad participaron en estos itinerarios el año pasado, 984 fueron contratadas y otras 704 realizan prácticas.

Junto a los itinerarios personalizados de inserción sociolaboral la Junta favorece con otras iniciativas el empleo en la empresa ordinaria. Entre ellas, destacan las cláusulas sociales y la reserva de contratos. En 2016, la Junta adjudicó 1.900 contratos que incorporaban cláusulas sociales por importe de 450 millones de euros y reservó contratos a centros especiales de empleo por 6,4 millones de euros, lo que supone que, en total, se adjudicaron contratos por más de 456 millones de euros por el empleo de las personas con discapacidad. A finales de 2016, en Castilla y León se contabilizaban 208 centros especiales de empleo que daban trabajo a 4.883 personas con discapacidad, lo que supone un 26 % más de trabajadores que en 2012, año en el que se puso en marcha la reserva de contratación para centros especiales de empleo.

Todas esta acciones responden a dos destacadas planificaciones de coordinación de la Junta: por un lado, el Plan de Inserción Sociolaboral 2016-2020 para las personas más vulnerables, que cuenta con 335 millones de euros y, por otro, el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades para las personas con discapacidad 2016-2020, dotado con 217 millones de euros.

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