Para intentar imponer su ideología privatizadora, saboteando los procesos de municipalización de servicios que tanto benefician a la ciudadanía en numerosos ayuntamientos.
El Consejo de Ministros el pasado 31 de marzo de 2017 aprobó el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado pactado con Ciudadanos que fue publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el 6 de abril de 2017. La Disposición Adicional 27 en dicho Proyecto hace referencia a la limitación de incorporación de personal laboral al sector público y supone un ataque directo a los procesos de reversión hacia la gestión pública directa por las administraciones públicas bien sean ayuntamientos o Comunidades Autónomas en relación a los procedimientos de subrogación de los trabajadores. DE este modo y de manera torticera se están saboteando procesos que ahorran millones, reducen costes como el beneficio empresarial y el IVA, y dan capacidad real para mejorar la calidad de los servicios públicos.
Esta nueva medida regresiva ataca además al principio autonomía consagrado en el Artículo 140 de la CE “La Constitución garantiza la autonomía de los municipios. Estos gozarán de personalidad jurídica plena. Su gobierno y administración corresponde a sus respectivos Ayuntamientos, integrados por los Alcaldes y los Concejales. Los Concejales serán elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, en la forma establecida por la ley. Los Alcaldes serán elegidos por los Concejales o por los vecinos. La ley regulará las condiciones en las que proceda el régimen del concejo abierto”.
La Disposición Adicional 27 obstaculiza severamente los procesos de reversión hacia la gestión directa de los servicios y obras de titularidad pública que actualmente están gestionados por empresas y entidades privadas mediante contratos, al no poder incorporar a los trabajadores que actualmente prestan sus servicios con probada experiencia y profesionalidad. Supone un nuevo obstáculo legal a los ya conocidos, y que contradicen uno de los supuestos pilares de la ley de sostenibilidad cual es la eficiencia en la prestación de los servicios públicos.
Desde Izquierda Abierta de León exigimos al Gobierno de la Nación y a los Grupos Parlamentarios en el Congreso de los Diputados la eliminación de la Disposición Adicional 27 del proyecto de Ley de los “Presupuestos Generales del Estado” para este año 2017 y a las organizaciones de izquierda de la provincia que denuncien y se movilicen contra esta imposición, profundamente ideológica, que ataca una vez más a los derechos de la mayoría.
IZQUIERDA ABIERTA LEÓN
