Esta prestación nació en la modificación del Estatuto de Autonomía de Castilla y León que se realizó en 2010 como un derecho de los castellanos y de los leoneses en situación de exclusión. En 2016, y siempre con el acuerdo del Diálogo Social, dicha prestación tuvo la reforma y mejora normativa más importante con el fin de flexibilizar el acceso a ella, mejorar las compatibilidades con otras prestaciones y los procedimientos. A lo largo de 2016 fueron 38.560 las personas beneficiarias de esta prestación, más de 1.000 beneficiarios más que en 2015. Además de garantizar las necesidades básicas de subsistencia, la Renta Garantizada de Ciudadanía ha reforzado en el último año su objetivo de inserción socio-laboral de las personas que reciben esta prestación y, en 2016, aumentaron más de un 37 % respecto al año anterior los perceptores de Renta Garantizada de Ciudadanía que encontraron trabajo, un total de 4.225 personas, entre otros motivos por los planes de empleo de la Junta.

El Consejo de Gobierno ha tenido conocimiento del informe sobre la evolución de la Renta Garantizada de Ciudadanía, una prestación que nació a finales de 2010, precisamente en la modificación que se realizó ese año del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, y que en 2016 ha experimentado la reforma más profunda en la flexibilización, compatibilización y mejora de procedimientos de la propia prestación desde que se creó. La Renta Garantizada de Ciudadanía está, por lo tanto, recogida desde hace seis años en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, como un derecho de los castellanos y de los leoneses en situación de exclusión social y forma parte del conjunto de prestaciones de la Red de Protección a las Familias y las Personas más vulnerables.

Desde su regulación a finales de 2010 ha sufrido diversas modificaciones, siempre con el acuerdo del Diálogo Social, pero las últimas y más importantes mejoras normativas se realizaron en 2016. El proceso se inició con los compromisos alcanzados en enero de 2016 en el seno del Diálogo Social entre el presidente de la Junta de Castilla y León y los representantes de los agentes económicos y sociales que derivaron, a su vez, de la prioridad de la Junta de Castilla y León otorga a las políticas sociales que apoyan a las personas y familias que peor lo están pasando. Fruto de esos acuerdos, en abril se aprobó el Decreto-Ley de medidas extraordinarias para reforzar la Red de Protección referidas a las prestaciones económicas para necesidades de subsistencia que integran la Red.

Fue en mayo cuando las Cortes de Castilla y León convalidaron con el voto favorable de todos los grupos parlamentarios el decreto-ley y a partir de ese momento se inició su tramitación como proyecto de ley. En diciembre de 2016 se convirtió en ley con el apoyo unánime de todos los grupos parlamentarios de las Cortes. Esto posibilitó la flexibilización, ampliación y compatibilización de las principales prestaciones. Estas medidas garantizan también las necesidades básicas de subsistencia de familias sin especiales necesidades de inclusión social empobrecidas por la situación económica así como de las personas que, recibiendo prestaciones sociales por una actividad laboral, obtienen ingresos insuficientes para atender esas necesidades.

Junto a esto, y ya en enero de 2017, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades firmó un convenio con el Procurador del Común para establecer un marco jurídico de colaboración específica y de comunicación entre ambas instituciones para la coordinación de actuaciones en el marco de prestaciones previstas en el ámbito de los Servicios Sociales.

Renta Garantizada de Ciudadanía

Los datos más relevantes de la prestación de la Renta Garantizada de Ciudadanía indican que, a lo largo de 2016 fueron 38.560 personas las que se beneficiaron de esta prestación, lo que supone más de 1.000 beneficiarios más que en 2015, y más de 15.500 que los que se beneficiaron en 2011, primer año de su implantación.

En 2011 la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades destinaba a la Renta Garantizada de Ciudadanía 27 millones de euros y en 2016 ha destinado 76,6 millones de euros, lo que supone un crecimiento presupuestario del 183 %. En todo el periodo de existencia de esta prestación, 2011-2016, la Junta ha destinado a la Renta Garantizada de Ciudadanía más de 320 millones de euros para beneficiar a 66.311 personas. La cuantía media que percibe cada titular es de 536 euros al mes.

Especialmente en los últimos años, además de garantizar las necesidades básicas de subsistencia, la Junta está poniendo especial empeño en que la Renta Garantizada de Ciudadanía persiga la inserción socio-laboral de las personas, ya que el trabajo es la mejor herramienta para la autonomía y la integración social. En este sentido, en 2016 aumentaron más de un 37 % los perceptores de Renta Garantizada de Ciudadanía que encontraron trabajo, entre otros motivos gracias a los planes de empleo de la Junta. Un total de 4.225 perceptores de Renta Garantizada de Ciudadanía consiguieron trabajo en 2016 frente a los 1.145 perceptores que lo consiguieron en 2015.

Respecto a los perfiles de los perceptores de Renta Garantizada de Ciudadanía, el 58,09 % son mujeres y el 41,91 % son hombres; el 29,56 % tiene entre 36 y 45 años y el 23,56 % tiene entre 25 y 35 años; el 62,57 % de los titulares viven en el medio urbano y el 37,43 % en el medio rural, y el 41,17 % es beneficiario único y el 58,83 % tiene cargas familiares.

Últimas mejoras normativas sobre compatibilidad entre prestaciones en RGC

Se han ampliado los supuestos de compatibilidad de las prestaciones y ayudas de la Red de Protección, hasta un determinado límite, con determinadas prestaciones públicas como las prestaciones por desempleo, subsidio de desempleo, Programa de Renta Activa de Inserción (RAI), Programa de activación para el Empleo (PAE), Programa Personal de Integración y Empleo (PIE), Programa de Recualificación Profesional (PREPARA) u otras similares que normativamente se determinen, ya se perciban por el desempeño de una actividad laboral, se dirijan a favorecer la inserción laboral de las personas en riesgo de exclusión social o se perciban derivadas de la atención a determinadas personas con discapacidad (prestación por hijo a cargo del INSS). De esta forma, se asegura que una persona que percibe la prestación por desempleo pueda compatibilizar y complementar ésta con otra de la Red de Protección, como por ejemplo la Renta Garantizada de Ciudadanía, hasta alcanzar el máximo establecido.

También se ha establecido la compatibilidad de las prestaciones de la Red con otras prestaciones sociales que antes eran incompatibles, como la percepción de prestaciones por la suspensión del contrato de trabajo por maternidad o paternidad y por riesgo durante el embarazo; las prestaciones por incapacidades temporales durante el desarrollo del trabajo, y la prestación por hijo a cargo, en los casos en los que el sujeto causante sea el hijo.

De esta forma, este grupo de medidas eliminan las incompatibilidades de la Renta Garantizada de Ciudadanía, recogidas en el Decreto Legislativo 1/2014, con ingresos que procedían de las acciones protectoras de la seguridad social u otros sistemas públicos de protección, asegurando unos ingresos suficientes para atender las necesidades básicas de una persona.

Últimas mejoras normativas sobre flexibilización en el acceso a la RGC

Uno de los principales objetivos de estas medidas es flexibilizar el cumplimiento de los requisitos para tener derecho a estas prestaciones fundamentalmente a través de modificaciones en las reglas de cómputo de ingresos, bienes muebles e inmuebles. De esta forma, lo que se quiere garantizar es que se cubran las necesidades básicas de los autónomos y personas que, aunque tengan rendimientos del trabajo o propiedades de ciertos bienes inmuebles, no tengan cubiertas sus necesidades por imposibilidad de hacer efectivo su valor.

De esta manera, en aquellos casos en los que se tengan en cuenta los ingresos para el acceso, se establece para los autónomos que cuando se tengan en cuenta los rendimientos del trabajo por cuenta propia para el reconocimiento de las prestaciones, y estos fueran inferiores al 50% del importe de la base de cotización a la Seguridad Social, se computará como ingreso una cantidad igual a dicho importe. Y, por otro lado, en los casos en los que se tenga en cuenta el patrimonio, se exceptuarán del cómputo los bienes rústicos ubicados en localidades que cuenten con menos de 5.000 habitantes; en el caso de bienes inmuebles urbanos, cuyo valor catastral sea inferior a 12.000 euros, se computarán al 50 % de dicho valor y, por último, en los casos de copropiedad de un bien inmueble heredado, cuya titularidad sea compartida con personas ajenas a su unidad familiar, se excluirá del cómputo cuando el valor catastral de su parte sea inferior a dos anualidades del 80 % del IPREM.

Últimas mejoras normativas sobre mejora del procedimiento de la RGC

El derecho a la Renta Garantizada de Ciudadanía, cuando sea estimatoria, se devengará, es decir, producirá efectos económicos, al mes de entrada de la solicitud en lugar de los tres meses anteriores. Al mismo tiempo, se fomenta la inserción laboral de los beneficiarios de estas prestaciones, pues se facilita la reanudación automática de su percepción una vez finalizada la actividad laboral cuando el beneficiario la tenía suspendida por obtener ingresos de dicha actividad.

Convenio con el Procurador del Común

Una de las últimas actuaciones que se ha llevado a cabo para seguir reforzando la atención a las personas más vulnerables es un convenio de colaboración con el Procurador del Común para la coordinación de actuaciones en materia de Renta Garantizada de Ciudadanía. En virtud de este convenio la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades se compromete a facilitar periódicamente a la Procuraduría del Común datos referidos a la gestión de la prestación de Renta Garantizada de Ciudadanía, creando así un canal directo de comunicación que permita recibir de forma anticipada las quejas y reclamaciones que sean admitidas en la Procuraduría del Común, además del compromiso de reducir los plazos previstos para la contestación al Procurador. Por su parte, la Procuraduría del Común se compromete a informar periódicamente a la Consejería de todo lo relativo a sus actuaciones en esta materia; facilitar la información que pueda recabar sobre a las actuaciones llevadas a cabo con motivo de la tramitación de expedientes sobre la prestación de la Renta Garantizada de Ciudadanía; colaborar con la Consejería a la hora de considerar posibles modificaciones normativas y de la práctica administrativa con el fin de reforzar, en último término, la protección del ejercicio del derecho a la prestación, y a apoyar y colaborar con las iniciativas de carácter informativo o divulgativo sobre esta prestación que puedan realizarse.

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