La Coordinadora Provincial de IU, Eloina Terrón, lamenta que León se haya convertido en la provincia más ‘desobediente’ con la institución del Procurador del Común que es la única vía para reclamar ante la administración antes de tener que recurrir a la vía judicial que supone un coste que buena parte de la ciudadanía no se puede permitir.

Las Administraciones Públicas de León no pueden seguir ignorando y ninguneando esta institución pública creada para la defensa de los derechos de la ciudadanía.

Desde IU Provincial denunciamos la falta de respuesta de las administraciones ante las demandas de la ciudadanía a través del Procurador del Comun en León.

El Procurador del Comun realiza la defensa de los derechos de la ciudadanía, ante las instituciones públicas en el momento en que existe una actuación irregular por parte de la administraciones de la Comunidad y se produce una vulneración de sus derechos. Para Izquierda Unida Provincial es lamentable el poco caso que prestan a las demandas del Procurador del Común de CyL quienes tienen la responsabildiad de cumplir la ley.

Atendiendo a la  Ley 2/1994, de 9 marzo 1994 que regula las funciones del Procurador del Común de Castilla y León, éste realiza una serie de funciones, además de la función clásica de los Defensores del Pueblo (proteger y defender los derechos y libertades de los ciudadanos y controlar el funcionamiento de la Administración Pública), como son la defensa del Estatuto de Autonomía de Castilla y León y la tutela del Ordenamiento Jurídico de Castilla y León.

Su actuación más frecuente es la de dar respuesta a las quejas que recibe de la ciudadanía en defensa de sus derechos, haciendo recomendaciones a las distintas administraciones públicas para que subsanen y cumplan los requerimientos que se les hacen.

Pero León se ha convertido en la provincia con las Administraciones Públicas más ‘desobedientes’ con la institucion del Procurador del Común. Precisamente, el Defensor del Pueblo de Castilla y León contabiliza un mayor número de rechazos a sus solicitudes en el territorio en el que tiene ubicada su sede.

Así, según los datos actualizados en fechas recientes por el Procurador, la provincia leonesa tiene un total de 102 entidades calificadas como ‘no colaboradoras’ por incumplir la obligación de informar a este órgano cuando así se requiere. De esta forma, acumula tantas como Salamanca (16), Valladolid (18) y Burgos (65), juntas.

La provincia leonesa también supera con creces a las otras ocho en lo que se refiere a entidades no colaboradoras por no contestar a las resoluciones y recomendaciones hechas por el Procurador. De esta forma, contabiliza un total de 160, seguida muy de lejos por Burgos (73), Zamora (31), Palencia (27), Ávila (27), Valladolid (26), Salamanca (24) y Segovia (24).

Determinados ayuntamientos de León junto con entidades locales menores acumulan apercibimientos, solicitudes de información y reclamaciones de respuestas que ignoran reiteradamente las peticiones de la ciudadanía que acuden al Procurador del Común en solicitud de amparo por sus derechos.

Desde Izquierda Unida consideramos que este es un servicio público que debe funcionar optimamente y solo será posible si las Administraciones Públicas cumplen con su obligación de responder a las peticiones del Procurador del Común y hacer caso a sus recomendaciones e indicaciones. No tiene sentido haber nombrado y regulado este servicio si su finalidad se ve incumplida sistemáticamente por quienes lo crearon.

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