El Grupo Parlamentario en las Cortes de Castilla y León sólo pretendía que se cumpliera el artículo 43 de la Ley de Patrimonio Cultural, pero se encontró con el voto en contra del Partido Popular.
El Grupo Parlamentario de PODEMOS en las Cortes de Castilla y León se ha encontrado con el voto en contra del Partido Popular pese a que ese partido si apoyó en la Comisión de Cultura y Turismo una Proposición No de Ley relativa al cumplimiento del Artículo 43 de la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León.
La Proposición, presentada y defendida por Isabel Muñoz, Procuradora por la provincia de Salamanca, instaba a la Junta de Castilla y León para que los Ayuntamientos de las localidades por las que transcurre el Camino de Santiago (Camino Francés), Bien de Interés Cultural y Patrimonio Mundial, a su paso por Castilla y León, cumplieran con lo exigido en la Ley de Patrimonio en cuanto a que dichos Ayuntamientos elaboraran los respectivos Planes Especiales de Protección.
En los catorce años en los que lleva vigente la Ley de Patrimonio, de las 82 localidades por las que transcurre el Camino en las provincias de Burgos, Palencia y León, sólo 7 han aprobado el Plan Especial exigido en la Ley.
A este respecto, el Procurador del Común emitió una Resolución el pasado 16 de julio, instando a la Consejería de Cultura y Turismo y a la de Fomento y Medio Ambiente a que los Ayuntamientos afectados cumplieran con el mencionado Artículo 43 de la Ley.
El informe del Procurador del Común ratifica que son 75 los Ayuntamientos que a día de hoy no han redactado un plan de protección. Así mismo el informe recoge que 15 de los 75 Ayuntamientos ni siquiera contestaron a los requerimientos del Procurador; 24 excusaron por el momento cualquier tipo de iniciativa; y solo 11 manifestaron su intención de poner fin a esta situación y elaborar los planes exigidos por la Ley de Patrimonio.
En dicho expediente se pone de manifiesto la dejación de funciones de la administración pública, por motivos económicos y cuestión de prioridades en algunos casos, pero también por el recelo de los propios Ayuntamientos ante los presuntos inconvenientes que supondría la fijación de normas para conservar los Conjuntos Históricos porque afectarían a la construcción y restauración de inmuebles, es decir: pondrían trabas a los especuladores.
La Procuradora de PODEMOS tuvo que ser muy dura en su intervención ya que el Partido Popular se burla de los ciudadanos, del patrimonio, de la legislación y hace caso omiso a las resoluciones del Procurador del Común. A este respecto PODEMOS, que tiene el objetivo de educar al Partido Popular en cuestiones como el patrimonio cultural, ha pedido que dichas resoluciones sean vinculantes.
