La procuradora socialista por León María José Díaz-Caneja explica que el objetivo final de la PNL es potenciar la actividad preventiva en riesgos laborales en las empresas frente a la externalización 

El Grupo Socialista ha logrado el consenso de las Cortes de Castilla y León para que se respete el espíritu de la Directiva europea de Seguridad y Salud Laboral. Coincidiendo con la Semana Europea de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, la procuradora del PSOE encargada de defender la proposición no de ley en la Comisión de Empleo, la leonesa María José Díaz-Caneja, ha recordado este jueves que la Junta debe exigir al Gobierno el inicio de un diálogo con las organizaciones sindicales y empresariales “para modificar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales”. El objetivo final es “potenciar la actividad preventiva en riesgos laborales en la empresa, priorizando los medios propios frente a los ajenos y cumpliendo con el espíritu de la Directiva Marco 89/391 de la Unión Europea”.

“Casi 21 años después de la aprobación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los logros en materia de prevención están aún lejos de cumplir las expectativas que generó en su momento”, explica la parlamentaria autonómica leonesa, que añade que eso se debe, entre otras razones, “a la falta de un nivel adecuado de integración de la prevención en la empresa, especialmente en la pequeña y mediana empresa, así como a un cumplimiento más formal y burocrático que real y efectivo de las obligaciones de prevención”.

Díaz-Caneja argumenta que los resultados ponen de manifiesto que España es el segundo país de la Unión Europea donde con más frecuencia (78%) “las evaluaciones de riesgos, y, consecuentemente otras actividades preventivas, son realizadas por personal externo”. Agrega que, pese a las numerosas modificaciones normativas, “la realidad es tozuda, las iniciativas no parecen haber cosechado el éxito deseado y el camino de la externalización es el escogido por la mayoría de empresarios de este país”.

La procuradora  socialista precisa que,  aunque no pueda asegurarse que la externalización sea la causa de que la siniestralidad española siga siendo superior a la media europea, “es obvio que se trata de un factor contribuyente”, ya que, cruzando los datos de siniestralidad que publica Eurostat con los de externalización, “se pone de manifiesto una clara asociación positiva entre ambos fenómenos: a más externalización, mayor siniestralidad”.

María José Díaz-Caneja considera que un “error de  enfoque” en la trasposición de la directiva  europea, “podría haber abonado un terreno propicio para que las empresas españolas que no estuvieran obligadas a constituir un servicio de prevención propio recurrieran a un servicio ajeno”. En otras palabras, “la normativa española permite que el empresario pueda externalizar por completo la acción preventiva y exime a las empresas que contraten un servicio externo de la obligación de designar trabajadores para ocuparse de tareas preventivas, contraviniendo claramente lo dispuesto en la Directiva Marco”, señala.

Díaz-Caneja defiende, por tanto, que es preciso asumir una reforma legal para que las empresas estén obligadas, prioritariamente, a designar trabajadores frente a la opción de recurrir a un servicio de prevención ajeno. “Porque aun asumiendo que la empresa prefiera ir a un concierto, la labor del servicio de prevención ajeno solamente resulta eficaz cuando en los centros de trabajo hay personal designado para actividades preventivas que recurre a dicho Servicio para complementar su labor”, concluye la procuradora leonesa.