Castilla y León, martes 9 de agosto de 2016. Los procuradores de Ciudadanos en las Cortes de Castilla y León, Manuel Mitadiel y José Ignacio Delgado, han presentado una batería de preguntas para su contestación por escrito con el fin de aclarar las actuaciones que la Consejería de Fomento y Medio Ambiente está llevando a cabo en el vertedero de San Román de la Vega.
“El pasado 5 de agosto se publicó en el BOCYL la declaración de Impacto Ambiental sobre el proyecto de ampliación del vertedero de San Román de la Vega y es informado favorablemente. En dicha resolución no se informa de la contestación a las alegaciones presentadas” ha declarado Manuel Mitadiel quien ha recordado que “C´s, a través de su concejal en San justo de la Vega, presentó varias alegaciones que hacen referencia a la gestión de residuos con el objetivo de priorizar la reducción, reutilización y reciclaje de los mismos”.
La reclamación también plantea el incumplimiento de la Ley 22/2011 de Residuos y Suelos Contaminados, en cuanto a la cantidad máxima de residuos que pueden ser vertidos, así como al considerar que la ampliación de dicho vertedero va en contra del principio de jerarquía establecido en el artículo 8 de la misma ley.
“En las alegaciones también se hace referencia a la necesidad de que las analíticas de aguas de vertido, lixiviados y aguas subterráneas contemplen el análisis de residuos de metales pesados, entre otros” ha destacado José Ignacio Delgado y, además, ha apuntado que “el cálculo efectuado sobre las dimensiones de las balsas de lixiviado no ha sido el correcto ya que estas no han sido suficientes ni para acoger los lixiviados provenientes del vaso actual. En ocasiones se han producido vertidos incontrolados sin depurar y ha sido necesario el traslado a plantas externas para su tratamiento”.
Además, José Ignacio Delgado ha subrayado que “con la aprobación de la gestión se ha perdido una oportunidad de transformar un vertedero de residuos en un CTR y la gestión aboca a incumplir la normativa comunitaria, ya que se da por bueno un plan que cifra el volumen de “rechazos” en 150.000 tn/año, lo que supone un porcentaje superior al 70% cuando la normativa cifra el máximo en el 50% para el año 2020”.
Ambos procuradores piden conocer el motivo por el que la Consejería ha aceptado un Plan de Gestión con un volumen de rechazos tan elevado y qué planes tiene, para que en un futuro, se pueda reducir dicho volumen para ajustarlo a la normativa española y comunitaria.
Asimismo, solicitan conocer cuáles son las razones para que las alegaciones no hayan sido contestadas, o en el caso de que si lo hayan sido, no se haya comunicado la contestación.
