El pasado lunes 25 de julio STOP Desahucios León, a propuesta propia, se reunió en una misma mesa con el Consejero de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, la concejal de asuntos sociales del Ayuntamiento de León y representantes de los distintos grupos políticos con representación en el consistorio. La reunión tenía como finalidad evaluar la puesta en práctica del acuerdo aprobado por el Ayuntamiento de León el otoño pasado para crear e implementar un parque de viviendas en alquiler social para personas y familias del municipio en riesgo de exclusión social, así como la aplicación del convenio con la SAREB (el llamado “banco malo”) para utilizar viviendas vacías de esta entidad para dicho fin. Dicho acuerdo fue aprobado por todos los partidos políticos del Ayuntamiento, incluido el PP.
Desde nuestro punto de vista, dicha reunión fue un engaño y un absoluto fracaso. El señor Suárez-Quiñones, haciendo gala del buen hacer de los políticos españoles, sin ningún sentido y sin contar con nadie dio esa misma mañana, antes de la misma reunión, una rueda de prensa por todo lo alto, atribuyéndose méritos inexistentes y utilizando el trabajo de nuestra plataforma para cubrir su gestión con un barniz social. Igualmente, la reunión se convirtió desde el principio en un monólogo del señor Suárez-Quiñones, en el que se negaba toda posibilidad de hacer efectivo el acuerdo y se hablaba, por enésima vez, de las famosas viviendas públicas de que dispone la Junta. Sin embargo, la realidad es que después de casi un año de haberse aprobado el acuerdo en el Ayuntamiento de León seguimos a la espera de las 12 viviendas vacías de bancos y entidades financieras que, como mínimo, debían estar ya disponibles para alquiler social con familias en riesgo de exclusión. Así, a día de hoy nada se sabe de este acuerdo, ni de las viviendas, ni del dinero que se ha presupuestado para hacerlo efectivo. Mientras tanto, a una familia con hijos menores afincada en León que ya ha acudido a solicitar un alquiler, lo único que se le ofrece es mudarse a Valencia de Don Juan, a pesar de la cantidad de viviendas que siguen vacías en León.
Por otra parte, nada se sabe de las famosas miles de viviendas públicas que la Junta dice que tiene desde hace años en Castilla y León, muchas de ellas en León. Tampoco se han querido dar datos exactos sobre el número de personas que han podido acceder a dichas viviendas o que han solicitado una. Lo único cierto es que los trámites para acceder a ellas son insufribles, y el tiempo se eterniza con el papeleo y la burocracia para, al final, casi siempre no conseguir nada o tener que buscar otra alternativa.
A este respecto, queríamos también denunciar la falta absoluta de transparencia en la gestión de este acuerdo y de todo lo que tiene que ver con las viviendas de la SAREB. No se quiere dar a conocer su ubicación, ni su estado, ni si están o no ocupadas, pero, peor aún, no terminan nunca de entregarse en alquiler social a las personas que más lo necesitan.
Evidentemente, no hay voluntad para ello. La ciudadanía esta harta de ser bombardeada con cifras y falsas promesas políticas que no se traducen en medidas reales y efectivas para paliar los estragos de la crisis.
Por tanto, denunciamos el incumplimiento de los acuerdos y de las promesas dadas por el Ayuntamiento en manos del PP y Ciudadanos. Denunciamos la clara falta de voluntad de abordar esta problemática que vimos en la reunión del lunes, tanto por parte del Ayuntamiento como de la Junta. Por desgracia, nada nuevo. La mayoría de los políticos allí presentes, y especialmente los del PP, vinieron única y exclusivamente a justificar su gestión o a no decir nada, negando así toda posibilidad de abordar los problemas y llegar a un acuerdo serio y responsable. Por si fuera poco, en el paripé en el que se convirtió la reunión, ni siquiera se nos dejó formular al Consejero de Fomento una serie de preguntas, a nuestro juicio de sumo interés, y que son las siguientes: ¿Dónde están las viviendas de la SAREB del convenio acordado por el Ayuntamiento? ¿Cuántas están ocupadas ya por personas? ¿Cuántas adaptadas para personas con movilidad reducida? ¿Por qué se niegan a dar ningún dato sobre su ubicación: barrio y calle, por ejemplo?
Por último, nos gustaría señalar que no es ético ofrecer como única alternativa habitacional a ciudadanos de León una vivienda en núcleos rurales apartados como Cimanes del Téjar, que carecen de la mayoría de servicios públicos y de transporte adecuados, máxime cuando en León hay miles de viviendas vacías, muchas de ellas prácticamente nuevas. Es algo absurdo.
Por todo ello, pedimos el cumplimiento íntegro de los acuerdos aprobados por el Ayuntamiento en materia de vivienda y la inmediata puesta en práctica del parque de viviendas en alquiler social en el municipio de León y su alfoz. Menos demagogia y más hechos contrastados.
