La ponente socialista y procuradora por León, Gloria Acevedo, evidencia la ausencia del enfoque de género en el texto y el olvido de comarcas y pedanías, entre otras carencias
El Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León ha presentado 30 enmiendas al proyecto de ley planteado por la Junta para regular la denominada Conferencia de Alcaldes y Presidentes de Diputación. La ponente socialista y procuradora por León, Gloria Acevedo, explica que ocho de las alegaciones corresponden a la exposición de motivos y tienen que ver con la ausencia del enfoque de género en el texto y la inclusión de las comarcas a través de la figura del presidente o presidenta de las mismas. “Teniendo en cuenta la importancia que para El Bierzo tiene esta institución, los consejos comarcales deberían formar parte de dicha Conferencia”, apunta la parlamentaria autonómica berciana.
Además, se incluye en este apartado la apelación para que los miembros de las corporaciones locales tengan acceso libre a toda la información que precisen para el ejercicio de sus funciones, en defensa de los intereses de la ciudadanía y sin necesidad de autorización previa en todos los casos. “Es necesario garantizar que las fuerzas políticas de la oposición puedan efectuar, a través de este acceso, una oposición constructiva sin limitación alguna”, indica Acevedo, que, respecto del deber de guardar secreto en relación con la información que se facilite, aboga por limitarla a supuestos concretos establecidos por la legislación de protección de datos sin que sea un deber correlativo al derecho de información.
Las alegaciones socialistas suponen mejorar las funciones de la Conferencia de Alcaldes y proponen establecer dos reuniones al año previa convocatoria de la presidencia o de la mayoría absoluta de los representantes, si no es convocada por la presidencia. Gloria Acevedo expone que el objetivo es que este órgano sirva de interlocutor para conocer la realidad social y económica de todos los territorios de la comunidad y mejorar las políticas públicas suscribiendo los oportunos acuerdos o recomendaciones que beneficien el interés general de los ciudadanos y ciudadanas de Castilla y León.
“Desde el PSOE entendemos que debe ser necesario que dentro de la Conferencia se alcancen acuerdos que beneficien a la ciudadanía y que queden alejados de intereses partidistas por lo que dichos acuerdos deberán ser sustentados por la mayoría de miembros presentes, en el caso de que no se alcance el consenso en primera votación”, indica Acevedo. Los socialistas consideran que dichos acuerdos deberán tener la difusión correspondiente a través de su publicación, en el Boletín de la Comunidad Autónoma, de la Provincia y de un espacio web propio en la página de la Junta de Castilla y León.
En cuanto a la composición del Consejo, el PSOE pide incluir a representantes de las juntas vecinales a través de la Federación de Entidades Locales Menores de Castilla y León. “No nos podíamos olvidar de la administración más próxima al ciudadano y defenderemos su inclusión con el fin de sustentar su supervivencia, teniendo en cuenta su transcendencia en determinados territorios como León”, manifiesta la procuradora socialista.
Respecto al Comité Permanente, que tendrá por objeto la preparación de los posibles asuntos a tratar en la Conferencia y la evaluación y seguimiento de los acuerdos y recomendaciones, el PSOE reclama que se reúna de forma ordinaria cada cuatro meses.
De las 30 alegaciones, 21 se refieren al articulado del proyecto de ley y entre ellas destaca la referida al Estatuto de los miembros de las entidades locales y la adaptación del artículo a los acuerdos derivados del pacto anti transfuguismo. El PSOE pide eliminar el régimen de dedicación exclusiva y de dedicación parcial para los miembros no adscritos, cuando hayan pasado a este status y que lo hubiesen ostentado en el grupo político al que hubieren pertenecido.
La procuradora del PSOE por León también destaca la reclamación de ampliar los derechos de los miembros de los entes locales, ya que, conforme a la regulación original, “les otorga menos derechos que los que derivan de la Ley de Transparencia para los ciudadanos, incluyendo criterios derivados de la jurisprudencia de nuestros órganos judiciales, como las entidades gestoras de servicios públicos”.
Otra enmienda socialista completa el derecho de información de los representantes de las entidades locales en toda su plenitud con su acceso por vía telemática. Además, se propone la obligación de grabar las sesiones plenarias de las entidades locales y que se les dote de los medios suficientes para ello. El PSOE también pide que los plenos sean públicos con carácter general, sin más limitaciones que las establecidas en la ley de protección de datos.
