Santos acusa a la consejería de agricultura de centralismo

Esta tarde en la sesión de control al gobierno autonómico, el procurador de UPL, ha preguntado a la consejera de agricultura y ganadería sobre la actuación de su consejería al obligar a cooperativas y PYMES a presentar las solicitudes para la contratación del servicio de asesoramiento a titulares de explotaciones agrarias, forestales y PYMES del medio rural, en la sede de la misma de forma exclusiva.

La Consejería de Agricultura y Ganadería tuvo la ocurrencia de obligar a presentar las solicitudes en la sede de la Consejería, de forma exclusiva, incumpliendo el artículo 16.3 y 4 de la Ley 39/2015, 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que permite la posibilidad de registrar en las distintas delegaciones territoriales al configurarse como registro único.

El propio Estatuto de Autonomía, en su artículo 3.2, establece que la Junta de Castilla y León determinará la ubicación de los organismos o servicios  de la Administración de la Comunidad, atendiendo a criterios de descentralización, eficacia y coordinación de funciones y a la tradición histórico-cultural.

Las irregularidades en el proceso han provocado la suspensión del procedimiento de contratación, decretada por el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León, hasta que se resuelvan los diferentes recursos presentados.

El procurador ha acusado a la consejera de, además de no cumplir la ley, obligar a tener que presentar las solicitudes en Valladolid.

“La Junta pierde tiempo en conmemorar, día sí día no, el Estatuto de Autonomía y realizar festejos, pero dedica poco a leerlo y menos aún a cumplirlo”- sentenció Santos.

Una vez más queda demostrado que la Junta gobierna y administra pensando en concentrar más que en descentralizar. Dicen  que piensan en el mundo rural, pero obligan a sus gentes a registrar en Valladolid; dicen que creen en el desarrollo de las telecomunicaciones en el mundo rural, pero pretenden centralizar a los técnicos de telecomunicaciones en la dirección general, sacándoles de las delegaciones territoriales.