El sistema informático que afecta a todo el territorio dependiente del Ministerio de justicia ha sufrido hoy una nueva caída que ha paralizado la actividad de los juzgados y tribunales en media España, tal y como ha constatado la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en este ámbito. Hoy, además, también se ha unido a esta caída, el sistema informático de los registros civiles y de las Fiscalías. En ambos casos los fallos afectan a todas las CCAA.

Para CSIF es evidente que la implantación del modelo de Justicia digital patrocinado por el Ministerio está fracasando y es necesario parar y analizar la situación conjuntamente con los profesionales de la Administración de Justicia. La realidad en los Juzgados y Órganos Judiciales dependientes del Ministerio de Justicia, desmonta los artificios propagandísticos del mismo, con caídas constantes del sistema que dejan parado el trabajo en estos centros.

Sin embargo el Ministerio en este nuevo caso guarda silencio y sigue en su línea propagandística de implantación de las nuevas tecnologías, pero sin poner soluciones a la caída del sistema, un error que ya se está haciendo sistemático y que todas las semanas, lunes o martes, deja paralizada la administración de justicia.

Pero el Ministerio sigue manteniendo que los sistemas instalados funcionan y funcionan bien. Esto es una falacia, pues ni funcionan bien, y a veces, demasiadas, ni siquiera funcionan. Esa es la tónica general del funcionamiento del sistema informático del Ministerio, que además afecta colateralmente a las demás comunidades autónomas que dependen de LexNET para sus comunicaciones, con órganos dependientes del Ministerio.

Para CSIF, el problema es la falta de planificación previa, es el abuso de la imposición de iniciativas, como el papel cero, que no tienen viabilidad en la práctica, es la falta de formación real y orientada a crear la nueva cultura digital y es la falta de inversión suficiente y adecuada.

La solución es obvia, hay que parar la implantación de Justicia digital porque lo que se quiere no se puede conseguir con lo que se tiene. Hay que abrir las mesas de negociación porque la implantación de Justicia digital implica nuevas formas de trabajo, nuevos roles dentro de la oficina judicial y nuevas responsabilidades.

Además, hay que planificar acciones formativas y revisar los perfiles de ingreso porque esas nuevas tareas exigen nuevas habilidades y competencias. Finalmente, hay que realizar la inversión necesaria en medios materiales e infraestructura para que el proyecto de Justicia digital pueda implantarse sin la hipoteca de viejos programas, viejas infraestructuras de comunicación y viejos esquemas de trabajo.

Desde CSIF dudamos que los presupuestos presentados solventen el problema. La inversión necesaria no es tanto un problema de cantidad (que también) sino cómo se gasta ese dinero, en qué tecnología y sobre qué proyectos y con qué planificación. Por eso hay que parar, abrir el análisis de la situación y propuesta de soluciones a todos los agentes implicados y, una vez sepamos, que es lo que se quiere hacer con la Justicia digital invertir lo que sea necesario en la implantación y mantenimiento de ese proyecto.

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