Este proyecto ha sido elaborado con el consenso de las administraciones, del Diálogo Social, del Tercer Sector y de las entidades locales en la necesidad de seguir avanzando en este método de trabajo en red una vez visto el éxito obtenido hasta ahora. Con el nuevo acuerdo, la Red de Protección cambia su denominación y se convierte en un sistema permanente de atención desvinculado de situaciones de crisis; se incorpora bajo el paraguas de la Red el acceso a más prestaciones, que ya existían pero se desarrollaban sin el amparo de la Red, con lo que ahora este sistema ofrece un total de 34 programas o prestaciones diferentes para atender a las personas más vulnerables; y cuatro de estas prestaciones adquieren ahora carácter de derecho subjetivo: el servicio integral de apoyo ante riesgo de desahucio por deuda hipotecaria, el servicio de provisión inmediata de alimentación y las prestaciones económicas frente a situaciones de deuda hipotecaria y para el alquiler de vivienda habitual.
El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha tenido conocimiento del inicio por parte de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades del inicio de la tramitación de la Ley de la Red de protección a personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad social o económica en Castilla y León acordada el pasado 10 de marzo en el marco del Diálogo Social entre el presidente de la Junta de Castilla y León y los representantes de las organizaciones sociales y empresariales. La Junta publica hoy en Gobierno Abierto el texto de este Proyecto de Ley, elaborado con el consenso de las administraciones, Diálogo Social, del Tercer Sector y de las entidades locales para abrirlo a la participación ciudadana y posteriormente continuar con su tramitación hasta que sea presentado ante las Corte para su tramitación. La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, ha informado así mismo al Consejo de Gobierno sobre las claves que inspiran este proyecto y las principales novedades que incorpora.
Salto de calidad a un trabajo en Red para proteger a los más vulnerables
La red de Protección surgió en 2013 en un contexto inicial de crisis económica para integrar diferentes recursos y medidas tanto de titularidad pública como privada de forma coordinada y dinámica. La eficacia de este modelo de funcionamiento e intervención de la Red, que en 2016 atendió a más de 180.000 personas con una inversión por parte de la Junta superior a los 180 millones de euros, se ha revelado como una herramienta idónea para la atención de las personas vulnerables, más allá de una situación coyuntural, para constituirse en la forma ordinaria de atención a estas personas en Castilla y León. En este contexto la Junta de Castilla y León, desde el consenso con las entidades locales, los agentes del Diálogo Social y las entidades del Tercer Sector, ha considerado la oportunidad de avanzar en la consolidación de la Red de Protección, regulando su organización y funcionamiento y ampliando su ámbito subjetivo de actuación.
Esto ha llevado a una nueva denominación de la Red, que pasa a denominarse ‘Red de protección a personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad social o económica en Castilla y León’, término más adecuado para su nuevo ámbito subjetivo contenido y finalidad ya que el modelo de trabajo e intervención de la Red será la forma ordinaria y habitual de atender a las personas más vulnerables en Castilla y León. De esta forma, la Red amplía su atención a todas las situaciones de vulnerabilidad tanto social y económica como de desamparo social.
Al mismo tiempo, la Red de Protección, a través de esta Ley, tendrá un carácter estable y permanente, ampliará sus beneficiarios, mejorará sus respuestas y creará nuevos derechos subjetivos en el ámbito de la protección social. De esta forma se incorpora bajo el paraguas de la Red el acceso prioritario a las personas más vulnerables a once prestaciones más que hasta ahora, que aunque ya existían como tales, no se desarrollaban a través del trabajo coordinado de la Red. De esta forma la Red de Protección incrementa la totalidad de programas o prestaciones que presta en la actualidad hasta las 34, distribuidos en tres apartados: recursos de protección y de atención a necesidades básicas de subsistencia, recursos de atención con acceso prioritario y recursos para la inclusión social y laboral. (*Se adjunta un documento anexo con la relación de programas y prestaciones que ofrece la Red de Protección clasificados en sus tres categorías).
Con la nueva Ley, cuatro de estas prestaciones pasarán a ser derechos subjetivos para los ciudadanos, uniéndose así a derechos que ya están reconocidos como tales como la Renta Garantizada de Ciudadanía o la prestación económica destinada a la atención de necesidades básicas de subsistencia en situaciones de urgencia social. Las prestaciones que se convertirán en derechos subjetivos serán el servicio integral de apoyo a familias en riesgo de desahucio por deuda hipotecaria, la prestación económica frente a situaciones de deuda hipotecaria, la prestación económica para el alquiler de vivienda habitual y el servicio de provisión inmediata de alimentación.
Otras consideraciones que aporta el nuevo texto del Anteproyecto de Ley
Junto a estas claves y novedades del texto del Anteproyecto de Ley acordado por la Junta con el Diálogo Social, el Tercer Sector y entidades locales para la Red de Protección, son destacables otros aspectos que también se han incorporado al mismo. En este sentido, el texto señala los diferentes miembros que integran la Red, que pueden ser agentes o colaboradores, y regula los requisitos para ser reconocidos como tales. Este proyecto también incide y mejora el propio funcionamiento de la Red integrando diferentes recursos y medidas de forma coordinada, integral, interrelacionada y dinámica con el fin de evitar duplicidades en la atención y garantizar que se llega a quien lo necesita con una actuación de calidad.
Al mismo tiempo, se regulan herramientas como la valoración del caso, el plan individual de atención y la figura del profesional de referencia y las medidas de apoyo a la Red como el Fondo de Solidaridad, los planes de inserción socio-laboral o los distintos acuerdos con operadores de suministros energéticos.
Junto a esto, se crea la figura del Comisionado de la Red para velar por su adecuado funcionamiento, la Comisión de seguimiento de la Red para hacer el seguimiento y propuestas de mejora y se asume el compromiso de elaborar, en el plazo de seis meses una vez aprobada la Ley, un mapa de los recursos de la Red para un conocimiento público de los miembros de la Red, los servicios que presta y dónde se prestan.
