El Tribunal Supremo considera, además, que este Real Decreto favorece la movilidad de los estudiantes. El Alto Tribunal condena a Comisión Obreras a pagar las costas del proceso.

El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso contencioso administrativo interpuesto por la Federación Española de Comisiones Obreras contra el Real Decreto 43/2015, de 2 de febrero. Este Real Decreto permite que las Universidades puedan diseñar títulos universitarios de Grado que tengan 180 créditos ECTS.

El Alto Tribunal indica que el Gobierno no vulnera el principio de igualdad de todos los españoles, ya que “…la previsible opción por los tres años de Grado y dos de Máster que cursarán estudiantes de menores recursos económicos o los estudiantes con peores calificaciones” -tesis mantenida por CCOO- “para obtener el Grado con celeridad, no deja de ser un hipótesis, que no va acompañada de sustento justificativo alguno, y que desde luego no pone de manifiesto el carácter discriminatorio de la norma”, continua diciendo el Alto Tribunal.

Asimismo, el Tribunal Supremo señala que el Real Decreto impugnado no tiene incidencia en el sistema de becas cuando afirma que “…la configuración de un adecuado sistema de becas tiene una importancia capital para evitar la discriminación por razones económicas y promover la efectiva igualdad de oportunidades, pero sucede que el Real Decreto no regula dichas becas o ayudas”.

A su vez, como ya manifestó el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en su momento, y recuerda el Tribunal Supremo, en estos momentos la norma impugnada pretende “…nivelar u homogenizar la duración de los estudios universitarios y favorecer la movilidad de los estudiantes españoles hacia el exterior y de los extranjeros hacia España…”. Dicho en otras palabras, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha promovido la internacionalización de los estudiantes con la aprobación de esta norma.

 Por último, El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte -en el seno del Consejo de Universidades- está trabajando por un acuerdo en el que se dé publicidad y seguridad a los ciudadanos sobre la duración o carga lectiva que tienen que tener los estudios universitarios oficiales de Grado en España.

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