La Generalitat se ha quedado sin una de sus bazas estratégicas para presionar con la independencia al Estado: la internacionalización del proceso soberanista. El pleno del Tribunal Constitucional (TC) estimó ayer parcialmente el recurso presentado por el Gobierno contra la Ley catalana de acción exterior y de relaciones con la Unión Europea (UE) por lo que anuló sus preceptos siempre y cuando su aplicación invadan a competencias estatales. El tribunal recuerda que el Govern se debe a la Constitución para regular sus relaciones internacionales con otros países y regiones, por lo que su proyección exterior queda supeditada a no vulnerar las competencias del Estado en esta materia.

De esta forma, la sentencia, que tendrá tres votos particulares concurrentes, declara inconstitucionales preceptos que atribuyen a Cataluña competencias reservadas en exclusiva al Estado, entre los que están la pro

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