El órgano defensor de los derechos ciudadanos confirma que la medida de la alcaldesa vulnera la ley, discrimina a mayores y colectivos vulnerables y supone una restricción inaceptable de los derechos vecinales.
El grupo municipal VOX en el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo ha recibido el respaldo del Procurador del Común de Castilla y León tras su denuncia contra la decisión de la alcaldesa de prohibir el pago en efectivo en las instalaciones deportivas municipales.
La resolución emitida por el Procurador es clara: el bando municipal vulnera derechos fundamentales, resulta desproporcionado y carece de base legal. Además, exige que el Ayuntamiento rectifique de inmediato y garantice el derecho de los vecinos a pagar en metálico en cantidades inferiores a 1.000 euros, como obliga la legislación vigente.
Tras más de medio año por parte del equipo de gobierno de la UPL vulnerando los derechos de los vecinos del municipio y discriminando a menores y personas victimas de la brecha digital, solo en las piscinas desde que comenzó la temporada estival se han colocado dos cajones monederos sin contratación según el procedimiento administrativo y que según nos trasladan los vecinos en varias ocasiones no han estado operativos con normalidad.
En el resto de las instalaciones deportivas, a fecha de hoy no se puede pagar en metálico para disfrutar de estos servicios.
VOX denunció lo que hoy se confirma: “Una medida abusiva e ilegal”
Fue el portavoz de VOX en el consistorio, Fernando Prieto Olite, junto con el resto del grupo municipal, quienes presentaron la denuncia formal ante el Procurador, alertando de los graves perjuicios que la decisión acarreaba a los vecinos:
- Vulneración legal: según la Ley de Defensa de Consumidores y Usuarios, que obliga a aceptar pagos en metálico bajo los 1.000 euros.
- Discriminación vecinal: especialmente a personas mayores y colectivos que no tienen acceso o no utilizan medios electrónicos de pago.
- Desproporcionalidad y falta de justificación: dado que los precios de las instalaciones oscilan entre 1,2€ y 5,6€, muy inferiores al límite legal.
- Exclusión social y riesgo de sanción: se llega a vecinos que dependen del efectivo y se incurre en una infracción tipificada con sanciones de hasta 10.000 euros.
El propio Procurador recuerda que el efectivo es dinero de curso legal, de aceptación obligatoria, y que la prohibición impuesta por la alcaldesa es contraria a principios básicos de igualdad, accesibilidad y no discriminación.
El fallo del Procurador no solo avala la denuncia de VOX, sino que pone de manifiesto los riesgos de exclusión social generados por el equipo de gobierno de la UPL con una medida que, lejos de modernizar la gestión, “agrava la brecha digital, vulnera el derecho de acceso en igualdad a los servicios públicos y afecta de lleno a la población más vulnerable del municipio”, en definitiva, una resolución que deja en evidencia la gestión el equipo de gobierno de la UPL.
El Procurador incluso sugiere al Ayuntamiento que implemente sistemas automatizados de pago en metálico, en todos los servicios, no en unos sí y en otro no, como ocurre desde julio de este año, que permiten control y seguridad sin apartar a los vecinos de su derecho a usar efectivo y modificar la normativa interna adaptándola para permitir y regular el uso de estos sistemas automáticos de pago en efectivo, simplificando el proceso para los ciudadanos a la hora de pagar.
Tras conocer la resolución, VOX exige la revocación inmediata del bando municipal en todas las instalaciones deportivas y reclama a la alcaldesa y a su equipo de gobierno que deje de gobernar a espaldas de los ciudadanos.
“Nos hacemos varias preguntas: ¿Cómo va a subsanar todas las molestias e inconvenientes que la UPL ha generado innecesariamente a los usuarios de estos servicios?, ¿Cuántos vecinos, niños y personas mayores principalmente, no han podido hacer uso de estos servicios por no poder o querer tener los medios de pago que se le antojan a la alcaldesa y su gobierno de la UPL?”
«Ya advertimos de que esta medida era ilegal, discriminatoria y antisocial. Hoy el Procurador del Común nos da la razón. Es inadmisible que se intente privar a los vecinos, especialmente a los mayores y a los niños, de su derecho legítimo a pagar en efectivo», ha señalado Prieto Olite.
VOX recalca que continuará vigilando para que el Ayuntamiento cumpla con la legalidad y defensa de los derechos de los vecinos frente a los abusos y caprichos del equipo de gobierno de la UPL.
