Los leonesistas señalan que el anterior equipo de Gobierno “tramitó mal el expediente”, si bien las bases para la plaza contaban con informes favorables y sin observaciones en contra, tanto jurídicos como de Intervención
Desde el PSOE de San Andrés queremos explicar, con datos reales y sin retorcer la verdad como viene haciendo este equipo de Gobierno municipal, la situación de las bases para la plaza de subinspector de Policía Local, ya que desde la UPL culpan al gobierno anterior de haber “tramitado mal el expediente”.
Pues bien, la realidad es que las bases específicas del proceso de selección fueron elaboradas por el anterior jefe de Policía, y probablemente éste sea el principal motivo por el que el sindicato profesional ha denunciado este proceso y no otros… Sin embargo, cabe mencionar que las mismas contaban con informe jurídico favorable elaborado por el vicesecretario accidental el 22/09/2022 y con informe sin reparos de la Intervención Municipal del 04/10/2022, que no advirtió de ninguna anomalía.
La Oferta de Empleo Público de 2019, en la que se incluía la plaza de subinspector, se aprobó en Junta de Gobierno Local el 18/12/2019, tras 3 mesas generales de negociación. En ese momento contó con el voto favorable del sindicato USO y abstenciones de CCOO y del sindicato denunciante. Dicho acuerdo contaba con informe jurídico favorable de 17/12/2019 e informe de Intervención sin reparos de 18/12/2019.
Trasladar también que el VI acuerdo de funcionarios municipales en su artículo 15, relativo a la promoción interna, establecía que “las bases de concurso-oposición o concurso deberán ser negociadas con los y las representantes de los y las trabajadores/as”, pero este artículo fue anulado por una sentencia del TSJCyL y el Pleno Municipal acordó en junio de 2021 la anulación íntegra del mismo. Dejar claro que el VI acuerdo de funcionario no exige la negociación de las bases de procesos de selección en ningún otro caso.
Dudamos de que el equipo de Gobierno se haya tomado la molestia de informarse de este asunto. Parece más conveniente, en su afán de atacar al equipo de Gobierno anterior, asumir los postulados del sindicato demandante, con quien -tan solo un día hábil después de ser emitida la resolución judicial-, ya se han reunido la alcaldesa, el concejal de Policía y la concejal de Régimen Jurídico, valorando la sentencia sin el dictamen del letrado municipal. Este hecho nos sorprende, no sólo por la premura de esta reunión en contraposición con la tardanza en la atención a los ciudadanos, que se pasan semanas intentando concertar citas para hablar con el equipo de Gobierno, sino porque la propia concejal de Régimen Jurídico se niega a valorar las sentencias en sus comisiones informativas y se escuda en que ella no valora y que son los técnicos los encargados de esta labor, aunque esta vez no han esperado al dictamen del letrado.
Ni siquiera han sido valientes a la hora de explicarlo en la Comisión Informativa de Policía celebrada ayer martes, donde decían que esperarían a los informes técnicos para minutos después, y sin informe técnico alguno, salir públicamente valorando la sentencia y atacando al equipo de Gobierno anterior.
La UPL tampoco explica que las bases se ajustan al Reglamento de las Policías Locales de Castilla y León, que son las Normas Marco que le son de aplicación en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León, tal y como reconoce la propia sentencia.
En vez de trasladar la realidad del asunto, que claro que no les conviene, porque así pueden seguir con su relato victimista, señalan públicamente a este partido político diciendo que “torpedeamos todos lo procesos que ha iniciado UPL”. Pues bien, otra mentira más que comprobable, porque hasta este momento, este grupo municipal, en su labor de fiscalización, únicamente ha advertido de las posibles irregularidades en plenos y comisiones, donde nos hemos encontrado con una actitud chulesca de la alcaldesa, invitándonos, desde la soberbia que le caracteriza y de forma sistemática, a “denunciar”; cosa que hasta ahora no habíamos hecho, pero todo tiene un límite y este equipo de Gobierno ya lo ha sobrepasado. Y es que, en estos dos años hemos visto cómo en los procesos de estabilización existen, por parte del secretario municipal, advertencias de anticonstitucionalidad, así como nos consta que hay otros procesos que no han sido negociados, que presentan presuntas irregularidades y que iremos denunciando públicamente, tal y como la propia regidora ha insistido en que hagamos tras hacer caso omiso a nuestras advertencias.
El mantra de que la oposición, y en este caso en concreto este grupo municipal, “torpedea” los procesos que inicia la UPL, dando a entender que si el municipio está como está no es su culpa sino del resto, es la tónica habitual de este mandato; pero si fuera así, este grupo político no habría tendido la mano hace meses al equipo de Gobierno para aprobar el presupuesto municipal, cuyo borrador, que según la propia alcaldesa existe, no se ha presentado, pero ni el de este año ni el de los ejercicios anteriores. Al igual que las cuentas…
Lanzar órdagos y señalar a terceros es el modus operandi de este equipo de Gobierno para tapar todas las irregularidades que, una tras otra, se van amontonando en el debe de la UPL en San Andrés del Rabanedo. Sería más productivo que en vez de tratar de eludir sus responsabilidades hicieran una mínima autocrítica y mirasen, por una vez, la viga en el ojo propio en vez de la paja en el ojo ajeno, que para paja, literalmente, sólo tienen que mirar cómo están las piscinas, espacios verdes y vías públicas.
