Las actuaciones se enmarcan dentro de la ‘Operación Signatus’ de la Guardia Civil del SEPRONA, que se extiende a las provincias de Palencia, Burgos, León, Cantabria, Valencia y Málaga

La Guardia Civil del SEPRONA de Palencia, investigó a tres personas tras haber tenido conocimiento de que se pudieran estar utilizando precintos para la caza del lobo de manera irregular. Como resultado de las investigaciones tramitaron denuncias en vía administrativa y enviaron el atestado a los juzgados para dirimir otras responsabilidades incluso penales.

Los datos son los siguientes: Como resultado de las actuaciones la Guardia Civil del SEPRONA de Palencia, realizó el atestado Nº 90/20 por un presunto delito de CONTRA EL MEDIO AMBIENTE en su modalidad de Delitos CONTRA LA FAUNA, así como un presunto DELITO DE USURPACIÓN DE ESTADO CIVIL y otro de FALSEDAD DOCUMENTAL. En fin, cargaron bien el carro contra los cazadores denunciados. El asunto llego al Juzgado Nº 1 de Carrión de los Condes en aceptación de la inhibición remitida por el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción Nº 6 de Palencia, que remitió las DPA 364/2021 incoadas por el atestado

El juzgado de Carrión de Los Condes, una vez instruido convenientemente el caso, considero el SOBRESEIMIENTO Y ARCHIVO de la causa, toda vez que no se aprecian en la conducta de ninguno de los tres investigados, indicios racionales de criminalidad.

En el caso de autos, se imputan varios delitos DELITO CONTRA LA FLORA Y LA FAUNA, FALSEDAD COCUMENTAL y USURPACIÓN DE ESTADO CIVIL a tres cazadores y gestores de caza. La instrucción se incoó por el citado juzgado, que solicitó desde un primer momento toda la documentación necesaria para la práctica de la caza del lobo.

La realidad es que la documentación recibida por la Junta de Castilla y León acredita un total cumplimiento de la legalidad administrativa en la caza de los tres ejemplares objeto de esta Instrucción, por parte de todos los investigados. Así, los requisitos que se deben cumplir para la caza del lobo, según constan perfectamente explicados en el propio Atestado.

1.- El interesado, tiene que tener una autorización administrativa de caza y un precinto de lobo.

2.- Inmediatamente después de haberse abatido al lobo, el coto autorizado, que no el cazador, debe comunicar ese abatimiento a la Junta mediante llamada al teléfono de avisos de Captura del Lobo, donde deberá comunicar unos datos muy concretos (Nombre y apellidos del comunicante y número de teléfono de contacto, provincia y matrícula del coto, sexo del ejemplar, número identificativo del precinto).

3.- El cazador debe poner el precinto al animal antes de desplazarlo, precinto que previamente ha tenido que cumplimentar de forma correcta. La matriz del precinto debe ser remitida al Servicio Territorial correspondiente en el plazo máximo de 15 días naturales desde la finalización del periodo hábil de cada especie y sexo…

En las investigaciones se comprobó que todo se ha cumplido, según la normativa por lo que la denuncia no debería haberse producido sin la comprobación previa de todos los documentos y actuaciones.

Además, uno de los denunciados, de forma reiterada ha manifestado su descontento con el trato recibido por los Agentes de la Guardia Civil que elaboraron el Atestado que ha dado origen a esta causa, afirmando que le han privado de su licencia de caza y le han incautado todas sus armas. Este extremo ha sido corroborado de forma reiterada. Han privado un año sin cazar a uno de los denunciados, le han retirado las armas y la documentación, un exceso en las actuaciones de la Guardia Civil, según el juzgado, que desconoce las razones de la adopción de tal medida sancionadora, que, debería ser provisional y condicionada al resultado de estas Diligencias Judiciales, dado que fueron ellas las que debieron motivar y justificar su adopción por los Agentes de la Guardia Civil instructores.

La Guardia Civil del SEPRONA de Palencia tuvo claramente un exceso de consecuencias ahora irremediables, se trata de proteger la naturaleza, no de perseguir a los cazadores que actúan de acuerdo con la normativa.

Incluso uno de los cazadores injustamente denunciados, poco acostumbrado a tener problemas con la autoridad, ha caído en un proceso de estrés relacionado con depresión que ha derivado en un gravísimo problema de salud. Todo, al parecer, motivado por este extraño asunto en el que se ha visto envuelto sin ninguna culpa ¿Y ahora qué? Debería pedirse responsabilidad por los excesos de autoridad cometidos, pero…

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