foto isaac llamazares
  • El presidente del Partido Popular de León, Javier Santiago Vélez, el consejero de Fomento, Juan Carlos Suárez Quiñones, y el director general de Patrimonio Natural y Política Forestal, José Ángel Arranz, se han reunido con una representación de los ganaderos de la Montaña Oriental de León. 

 

  • Los populares han mostrado su preocupación ante la situación que viven muchos ganaderos leoneses tras la prohibición de matar lobos desde el pasado 21 de septiembre y el limbo legal que impide que estos sean indemnizados por los ataques de estos cánidos. Además, los ganaderos han criticado duramente la nueva Ley de Protección y Derechos de los Animales, con normas tan controvertidas como la obligación de jubilar a los mastines. 

 

 Los ganaderos de la montaña leonesa viven uno de los momentos más difíciles de los últimos años. Y así se lo han trasladado esta semana al presidente del Partido Popular de León, Javier Santiago Vélez, el consejero de Fomento, Juan Carlos Suárez Quiñones, y el director general de Patrimonio Natural y Política Forestal, José Ángel Arranz, que se han reunido con ellos en Riaño.

 

Cientos de familias en vilo ante dos amenazas: la prohibición de matar lobos, con la consiguiente proliferación de ataques a los rebaños; y los requisitos extremos de la nueva Ley de Protección y Derechos de los Animales. Los populares han mostrado su preocupación ante la situación que viven muchos ganaderos leoneses tras la prohibición de matar lobos desde el pasado 21 de septiembre y el limbo legal que impide que estos sean indemnizados por los ataques de estos cánidos. 

 

El lobo ibérico era una especie cinegética en la Comunidad hasta el pasado 20 de septiembre, cuando el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico incluyó a este animal en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPE), lo que le da una nueva denominación e impide que los ganaderos sean indemnizados por estos ataques.

 

Castilla y León, Galicia, Asturias y Cantabria, las cuatro comunidades que se oponen a la decisión del Ministerio para gestionar ellas mismas la población del lobo ibérico, “abonaban en un plazo de 15 días las compensaciones por las arremetidas del lobo, pero ahora esto no sucede”, como ha explicado en varias ocasiones José Ángel

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