La Consejería de la Presidencia, a través de la dirección general de Función Pública, trabaja ya en la puesta en marcha de la Comisión Regional de Función Pública, cuyo inicio se prevé en el otoño de este año, como órgano de recomendaciones para dar una mejor respuesta a las necesidades de la sociedad y a los intereses de las Administraciones Públicas, local y autonómica, y con ella a la mejora de la calidad de los servicios.

La administración autonómica contará con un nuevo órgano superior competente en materia de Función Pública, la citada Comisión Regional de la Función Pública, cuyo objetivo será el de obtener recomendaciones que mejor respondan a las necesidades de la sociedad castellano leonesa y a los intereses de las propias administraciones públicas, autonómica y local, tendiendo con ellas a la mejora de la calidad de los servicios públicos.

Esta comisión, que se pondrá en marcha en el otoño de 2021, actuará únicamente en el ámbito de los temas que resulten comunes tanto a la Administración autonómica como a la Administración local, en relación con los empleados públicos que las integran. La pertinencia de su puesta en marcha se debe a la evolución en los últimos años de los derechos y deberes de los empleados públicos, el marco regulatorio estatal, y las competencias exclusivas o de desarrollo normativo con las que cuentan la administración autonómica y local, así como la urgente necesidad de una mayor estabilidad y especialización del empleo público, lo que suscita la necesaria activación de este órgano interadministrativo, que permita el intercambio de conocimiento, experiencia y propuestas en materia de empleo público.

Funciones de la Comisión Regional de Función Pública

Las funciones que se le atribuirán a la Comisión pasan por, estudiar y analizar las propuestas de criterios de actuación homogénea en materia de función pública entre la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y la Administración Local; conocer, con carácter general, la aplicación de dichos criterios en los diferentes ámbitos; estudiar y examinar los proyectos normativos en materia de función pública; analizar y evaluar los planes o programas que se elaboren en materia de función pública; actuar como órgano de comunicación entre la Administración de la Comunidad de Castilla y León y la Administración Local de su ámbito territorial; así como realizar o encomendar estudios e informes sobre las materias de su competencia.

La composición de la Comisión se dará a conocer en el momento de su creación, en los próximos meses, y tratará de alcanzar el máximo nivel de representatividad posible de las administraciones de la Comunidad.

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