• María Rodríguez denuncia la falta de transparencia y control en los centros concertados sobre este asunto y exige a la Consejería de Educación que asuma sus competencias.
  • La iniciativa socialista ha sido rechazada con los votos en contra de PP y Cs.

La procuradora María Rodríguez ha realizado un balance sobre los problemas de convivencia entre alumnos y también con profesores de los centros de enseñanza de Castilla y León, que cuenta con más de 350.000 alumnos y 1.075 centros docentes, 884 públicos y 191 privados-concertados.

Según el último informe publicado, en el pasado curso 2019-2020, se han notificado este tipo de altercados en el 55,43% de los centros públicos, mientras que en el caso de los colegios e institutos privados con financiación pública se elevan a un 77,49%.

En cuanto a la provincia de León, tal y como ha argumentado la parlamentaria socialista, se comunicaron un total de 87 incidencias de convivencia en centros educativos públicos y 25 en concertados, teniendo en cuenta que el número total de centros escolares asciende a 199 colegios e institutos.

“La provincia de León ha computado el pasado curso 54 situaciones de posible acoso, aunque finalmente se ha quedado en sólo uno como confirmado de manera formal y otros seis considerados como ciberacoso”, ha explicado con la estadística oficial de la Junta en mano, según la cual han sido 16 los episodios de acoso escolar en León en los últimos cuatro años, pero donde no se especifica cuántos de ellos han ocurrido en colegios o institutos de la red pública y cuántos corresponden a la red concertada.

Aludiendo a la falta de transparencia en un asunto tan preocupante, María Rodríguez ha leído la carta de la madre de una niña que ha sufrido acoso escolar, un caso que tanto la dirección del colegio como la propia Dirección Provincial de Educación dieron por resuelto, asegurando, según Rodríguez, que el procedimiento había sido conforme a la normativa sobre prevención del acoso escolar.

“La Junta afirma que la documentación sobre el procedimiento está en regla, a pesar de que ha admitido detalles tan extraños en este caso como que no se haya abierto en ningún momento un número concreto de expediente, algo imprescindible”, ha destacado la política leonesa.

Ante esta situación, y con la resolución del Procurador del Común sobre este episodio de acoso que concluye que el acta final de presunto acuerdo no contiene la firma de ninguno de los participantes, María Rodríguez ha sentenciado que se trata de una documentación que no evidencia el cumplimiento de los protocolos.

“El Procurador del Común ya ha manifestado varias veces que la Junta dejaba excesiva independencia y falta de control en los concertados, insistiendo en que la Consejería de Educación es la responsable de prevenir, conocer e inmiscuirse en las problemáticas detectadas y denunciadas para proteger al acosado y lograr el restablecimiento de los derechos de cualquier alumno”, ha apuntado Rodríguez.

Por todo esto, el Grupo Parlamentario Socialista ha insistido en la necesidad de la publicación de forma provincializada de cuántos casos de acoso escolar se registran tanto en los centros públicos como en los concertados, pero la iniciativa ha sido rechazada por PP y Cs.

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