La organización ha presentado a los grupos políticos del Ayuntamiento de León su postura en defensa de la progresividad fiscal y en contra de la privatización del sector ferroviario.

El grupo local de Izquierda Unida de León ha presentado al pleno una moción en contra del documento emitido por Bruselas donde se defiende la creación o aumento de los peajes en vías de alta transición.

Carmen Franganillo, coordinadora local hace un llamamiento a los grupos del Consistorio “Esperamos que los Grupos políticos del Ayuntamiento de recojan nuestra propuesta y demuestren a la ciudadanía su interés en luchar por esta tierra, dado que estas medidas afectan especialmente a León, por su especial orografía, extensión y necesidades comunicativas.”

El documento, remitido desde la Comisión Europea con un plan para revisar la financiación de las vías de alta ocupación, ha justificado su necesidad de implantación de esta medida a través del déficit en la conservación de las carreteras del Estado, incluyendo un aspecto medioambiental para permitir la sostenibilidad y eficacia del transporte.

Carmen Franganillo, coordinadora local, ha apuntado que «desde la organización defendemos la fiscalidad progresiva como fuente de financiación de los servicios y las infraestructuras públicas garantizando una mayor equidad en la asignación de recursos». Así, prosigue, «es necesario —tal como ya ha recomendado el FMI— llevar a cabo una gestión de impuestos según la renta e ingresos. Los peajes potencian, a fin de cuentas, que puedan usar ciertas vías la parte de la población que pueda permitírselo, lo que relega a las clases populares a carreteras secundarias más peligrosas; lo que es, por lo tanto, una medida totalmente clasista.»

Erika Redruello, miembro de la dirección local explica que, en cuanto a la cuestión del medio ambiente, «queremos señalar que nos parece una excusa falaz, pues la transición ecológica tiene que ser justa y su peso no debe recaer en su mayor parte en la clase trabajadora, mientras que el promover la sostenibilidad no debería venir de mano de repagos, sino de inversiones en transporte público y eficaz, como el ferrocarril que, a propósito, permite conectar el entorno rural.».

Respecto a este punto, han continuado incidiendo en que «además y según el documento, el dinero recaudado no pretende invertirse en medidas sostenibles; mientras que la privatización del sector del transporte de viajeros por ferrocarril supondrá una reducción de ingresos para las arcas públicas, destruyendo empleo y empeorando el servicio. Todo ello nos dejará con unas infraestructuras pagadas con dinero público que serán explotadas por empresas privadas.»

Así, la moción ha mostrado el rechazo a la aplicación de peajes mientras se ha instado al gobierno a redefinir las medidas contenidas en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, mostrando la defensa de la transición ecológica, pero de manera justa; a revertir la privatización del sector ferroviario y a invertir en la red ferroviaria de la comunidad, haciéndola más amplia, segura y accesible.

Por último, desde la organización han querido recalcar el problema con la despoblación de la comunidad, muy concentrada en las zonas rurales. «Una parte clave de recuperar nuestras zonas rurales y generar un modelo de economía sostenible es hacer asequible para todas y todos el acceso a través del transporte. Este camino debe hacerse desde la inversión en servicios e infraestructuras públicas y no en la aplicación de medidas fiscales regresivas y elitistas como los peajes en las vías de alta ocupación».