La concentración, que será en la calle Juan Lorenzo Segura, a las doce de la mañana, exige a la Junta la reapertura de los consultorios, la vuelta a las consultas presenciales, compromiso con la atención primaria, el aumento de plantillas y las convocatorias de los Consejos de salud, entre otras cuestiones.
Desde la organización de izquierdas apuntan que la falta de profesionales es una de las necesidades más acuciantes de nuestra sanidad pública, que se agrava cada año que pasa por la inacción de las sucesivas administraciones tanto a nivel local como autonómico, o gubernamental.
La Coordinadora local de IU Carmen Franganillo ha señalado que “la Gerencia, la Junta y la Consejera deben dar explicaciones a la población. Existen mecanismos de fidelización de los profesionales para evitar que se vayan a CCAA cercanas donde ofrecen mejores condiciones”. “Además, el plan del Gobierno presentado por Iceta, de eliminar las plazas que hayan estado vacantes por tres años es especialmente grave en una zona como la nuestra, donde existen muchas plazas de difícil cobertura. A nadie parece interesarle apostar por los servicios públicos en la España vaciada, que no vacía.”
La organización explica que “llevamos décadas denunciando el proceso de privatización paulatina y de abandono del sistema público de salud con el fin de privatizar y derivar servicios, haciendo de la salud de todos y todas un negocio más, que ha sido la vía de escape de empresas que anteriormente se dedicaban a la especulación inmobiliaria, tras estallar la burbuja y de fondos buitre de inversiones.”
Carmen Franganillo recalca que durante toda la pandemia, la Junta de Castilla y León ha recortado en recursos, a pesar de recibir fondos estatales. En el año 2020, la inversión en sanidad fue de tan un 4,9 por ciento de PIB. Esto, en medio de una pandemia mundial, con graves consecuencias para la salud general de la población. La merma de la calidad asistencial se traduce en un peor seguimiento de los pacientes crónicos y de los pacientes en general, diagnósticos telefónicos, desvinculación de los tratamientos, aumento de otras patologías, y por supuesto, muertes. Todo ello para beneficiar los intereses económicos del sector privado mediante dos fórmulas: el aumento de consultas en medicina privada y la contratación de seguros privados.
La Junta de CyL, y el resto de instituciones deben ponerse a trabajar de una vez al servicio de lo público, dado que este proceso pone en riesgo la salud y la vida de las personas más vulnerables y de la clase trabajadora, además se ha cebado especialmente con las personas mayores durante la pandemia, en una provincia cuya población está especialmente envejecida, que estaban internadas en residencias geriátricas.
En estos momentos, además, nos encontramos con el cierre de consultorios en las zonas rurales, privando a casi la mitad de la población de una atención primaria digna y de calidad, ya que la falta de previsión y de voluntad política para solucionar la falta de recursos no ha buscado otra solución más que el cierre. La atención presencial sigue sin volver de forma definitiva a los centros de salud y parece que los planes de la Junta siguen priorizando la atención telefónica de cara a futuro.
Desde Izquierda Unida recuerdan a la población leonesa que es necesario que la misma sociedad en su conjunto salga a defender sus derechos para que no les sean arrebatados, puesto que la Junta de castilla y León no cesarán en llevar adelante políticas que avancen en el proceso privatizador, en un intento claro de derivar al ámbito privado los fondos públicos, que son de todas y todos.
