La trashumancia es una actividad que resulta esencial para los corredores ecológicos, los ecosistemas de la península ibérica y para miles de familias que dependen de ella. Además de producir alimentos de calidad, de alto valor ecológico, para la salud y el bienestar animal, promueve la biodiversidad y la protección contra los incendios forestales, contribuyendo al propio Pacto Verde Europeo.

A todos estos elementos, hay que añadir su adaptación al cambio climático, la fijación de población en entornos rurales, la diversificación de la económica o la gestión sostenible de los recursos naturales. La trashumancia ha sido declarada como “Manifestación Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial” en España desde 2017, y ha sido propuesta a la UNESCO para su inclusión en la lista de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

El grupo de trabajo creado en los proyectos Life LiveAdapt y Ovinnova (compuesto por la Fundación Monte Mediterráneo, Fundación Savia, Fundación Entretantos, CESEFOR, FEDEHESA, Cátedra de ganadería ecológica Universidad de Córdoba -ECOVALIA-, Interovic e Innogestiona Ambiental) para abordar la trashumancia desde un enfoque interautonómico, ha solicitado al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, “su colaboración para impulsar el adecuado reconocimiento de la actividad, así como las medidas específicas para su desarrollo”.

En la misiva que han remitido a Planas, expresan la importancia de “proteger y promocionar la actividad ganadera trashumante a través de medidas sólidas de financiación”. La trashumancia se encuentra regulada por la Ley 3/95 de 23 de marzo, de Vías Pecuniarias, que según dicen, “requiere de revisión” para dar respuesta a los nuevos retos y circunstancias que la afectan directamente.

Ante las demandas, el grupo de trabajo considera “los puertos de montaña clave” para las ganaderías ecológicas, que se topan con limitaciones para realizar la trashumancia, por lo que “se deben proponer y encontrar nuevas fórmulas para que puedan ser aprovechadas por los rebaños formados por varios códigos de explotación”, así como que se admitan las superficies de pastos en destino en la PAC (Política Agraria Común).

Los obstáculos normativos, la falta de medidas concretas y de una política decidida están llevando al abandono de la actividad, a pesar de los beneficios que aportan a la sostenibilidad, la salud y la biodiversidad. Para el futuro del sector trashumante deben buscarse soluciones eficientes y genuinas desde un enfoque holístico y ético que proteja, promueva e inspire la gestión sostenible de otras actividades agropecuarias, afirman las entidades firmantes de la misiva, y añaden que la trashumancia está llamada a jugar un papel fundamental en la transición ecológica.

Por todo ello, las organizaciones del grupo de trabajo han solicitado “la creación urgente, desde el Ministerio, de una mesa inter-autonómica para la trashumancia, conformada por técnicos responsables del propio ministerio y de las consejerías de las Comunidades Autónomas (Extremadura, Andalucía y Castilla-y-León) competentes en materia de salud animal y movilidad del ganado, y por representantes del sector, con el fin de abordar los impedimentos administrativos vinculados al movimiento del ganado, buscar vías para la armonización y agilización de los trámites asociados, y fomentar esa actividad desde el punto de vista económico a través de subvenciones adecuadas”.

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