• El secretario general del PSOE de León y la secretaria de Organización, Javier Alfonso Cendón y Nuria Rubio, insisten en la necesidad de investigar lo sucedido en la provincia leonesa, que durante la pandemia ha registrado 2.650 fallecimientos en centros residenciales, muchos de ellos sin diagnóstico, y 722 por Covid-19 o síntomas compatibles.
  • Los líderes socialistas denuncian que más del 65% de las plazas en estos centros son privadas, con y sin ánimo de lucro, y que en total hay más de 1.200 sin ocupar, lo que perjudica directamente la viabilidad económica de algunas residencias como la de El Roble en Villablino, Laciana.

El secretario general del PSOE de León Javier Alfonso Cendón y la secretaria de Organización Nuria Rubio han explicado la necesidad de llevar a cabo la comisión de investigación de las residencias para conocer la verdad sobre lo que ocurrió en estos centros durante la pandemia en la provincia leonesa, donde llegaron a fallecer 6.734 personas, muchas de ellas sin diagnóstico, y 722 por coronavirus o síntomas compatibles a la enfermedad.

Una investigación que se llevará a cabo gracias a la repercusión de la moción de censura presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, que ha arrebatado a PP y Cs la capacidad de bloqueo que han practicado durante estos dos últimos años. “El rodillo de PP y Cs ha perdido la mayoría, lo que nos ha permitido desarrollar diferentes medidas. La primera, evitar el decretazo que se puso en marcha contra el sistema sanitario de Castilla y León y que perjudicaba a estos profesionales. También hemos aprobado un paquete de ayudas para damnificados por la pandemia y la comisión de investigación de las residencias para aclarar lo ocurrido y para sacar conclusiones que nos sirvan para poner un modelo asistencial adaptado y centrado en las personas”, ha declarado Javier Alfonso Cendón.

La procuradora socialista Nuria Rubio ha realizado un análisis de la mala gestión llevada a cabo por la Junta de Castilla y León, que “ha ocultado datos y que se ha negado a cumplir el Pacto por la Reconstrucción que incluía la elaboración de un informe riguroso por parte de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades sobre los efectos del Covid-19 en los centros residenciales”.

“¿Qué están ocultando? Se han negado siempre a informar de los datos de las residencias privadas, especialmente de las que tienen ánimo de lucro y están gestionadas por grandes grupos empresariales”, ha apuntado Rubio, explicando que PSOE, la Plataforma de Afectados por la Gestión en las Residencias y el Procurador del Común han exigido esta información.

“En Castilla y León hay 1.214 centros de carácter residencial, de los que solo 25 están gestionados por la Junta”, ha apuntado la política socialista, evidenciando cómo el Gobierno autonómico sigue protegiendo a los poderosos y dando la espalda a los más vulnerables con un modelo residencial cada vez más privatizado que además potencia unas condiciones laborales precarias.

En cuanto al número de plazas en la provincia leonesa, la procuradora ha denunciado que más del 65% de las plazas en estos centros son privadas, con y sin ánimo de lucro, y que en total hay más de 1.200 sin ocupar, lo que perjudica directamente la viabilidad económica de algunas residencias como la de El Roble en Villablino, Laciana, cuyas trabajadoras fueron de las primeras en encerrarse con sus residentes para combatir la enfermedad y a quienes se les debe dos nóminas y una paga extraordinaria.

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