La falta de responsabilidad del equipo de gobierno PSOE-Podemos está alcanzando cotas inexplicables al eludir obligaciones urgentes después de que la salida del Plan de Ajuste, tras ochos años de ahorro obligado por el ‘mandato del tranvía’ (2007-2011), el mandato en el que el PSOE dejó a los leoneses 237 millones de euros de deuda, permita ahora acometer obras que los anteriores gobiernos populares no pudieron realizar. Tras incumplir su palabra en la Junta de Portavoces y no llevar la moción del amianto a las correspondientes comisiones de Desarrollo Urbano y Hacienda, ahora aparece un informe que contesta a cuestiones que los populares no han registrado; y, lo que es más grave, reconoce que el Ayuntamiento de León está incumpliendo la ley que señala que el amianto tienen una vida útil máxima de 35 años y luego el propietario de la instalación debe retirarlo. Diez se escuda en este informe que no contesta a la moción en ningún momento para enterrar la petición popular y seguir gastando el dinero municipal en proyectos absolutamente innecesarios en vez de proteger la salud de los leoneses.
El Grupo Municipal del Partido Popular pretende desde hace meses iniciar el proceso para eliminar el amianto (más conocido por el nombre comercial de ‘uralita’) de todos los edificios del término municipal, comenzando por las instalaciones municipales, sobre las que el Ayuntamiento tiene competencia y capacidad para actuar de manera inmediata.
Para ello, el Partido Popular, con el apoyo de Ciudadanos, registró una moción dirigida al Pleno señalando los primeros pasos. Pero el equipo de gobierno PSOE-Podemos sigue demostrando una preocupante falta de responsabilidad y de capacidad para gestionar la ciudad.
Hay que recordar que el Consistorio ha estado sometido durante los últimos ocho años (dos mandatos del PP) a una política de ahorro brutal a consecuencia del ‘mandato del tranvía’ (2007-2011), el periodo en el que el PSOE dejó a los leoneses 237 millones de euros de deuda. El PSOE gasta, el PP ahorra, el PSOE gasta… Esta es la sucesión de los gobiernos municipales, con el peligro que supone que ahora los socialistas vuelven a gastar a manos llenas pero no en necesidades de los leoneses, si no en los caprichos de su alcalde.
Tras incumplir su palabra en la Junta de Portavoces y no llevar la moción del amianto a las correspondientes comisiones de Desarrollo Urbano y Hacienda, ahora aparece un informe que contesta a cuestiones que los populares no han registrado; y, lo que es más grave, reconoce que el Ayuntamiento de León está incumpliendo la ley que señala que el amianto tienen una vida útil máxima de 35 años y luego el propietario de la instalación debe retirarlo. Diez se escuda en este informe que, no contesta a la moción en ningún momento, para enterrar la petición popular y seguir gastando el dinero municipal en proyectos absolutamente innecesarios en vez de en proteger la salud de los leoneses.
El equipo de gobierno PSOE-Podemos empeñó su palabra con el Grupo Municipal del Partido Popular en la Junta de Portavoces del pasado 23 de marzo al comprometerse a que la moción para iniciar la retirada del amianto en la ciudad se trasladaría a las citadas comisiones antes de ser debatida en el Pleno. Pero Diez no llevó la moción a Desarrollo Urbano hasta esta semana, cuando tenía ya en su poder un informe que justifica que el Ayuntamiento siga con los brazos cruzados al no contestar a la moción en ningún momento y al aceptar que se está cometiendo la negligencia de no actuar en todos los edificios municipales con amianto de más de 35 años de antigüedad.
Una vez más, Diez ha dado la espalda no solo a los populares y a la oposición, sino también al interés de los leoneses ya que próximamente la retirada del tóxico amianto será una obligación y ahora el Ayuntamiento puede acometer este tipo de gastos.
El Grupo Municipal del Partido Popular, con el apoyo de Ciudadanos, pidió en la moción el inventario de los edificios MUNICIPALES con amianto y pedir al Ayuntamiento el ESTUDIO para la implantación de una línea de ayudas. Dos medidas sin coste que servirían para comenzar con este proceso de retirada del tóxico amianto de la ciudad.
La contestación municipal, que “no es obligatorio retirar este material… siempre y cuando esté en buen estado… y no haya finalizado su vida últil…” (la práctica totalidad de los edificios municipales están entonces en situación irregular), que “esto tiene un elevado coste”, que el Ayuntamiento solo tiene obligación con sus trabajadores (decenas de ellos pasan su día laboral bajo amianto que ya ha finalizado su vida útil) y que no se pronuncian sobre legislación en tramitación (en alusión a la nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados), cuando actualmente ya existe una ley que obliga a la retirada del amianto.
