La Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, órgano participativo en materia de biodiversidad en el que están representadas la Administración general del Estado y las Comunidades Autónomas, en su reunión del pasado 4 de febrero de 2020, ha propuesto incluir al lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, lo que supone homogeneizar el estatus de protección de la especie a nivel nacional y que deje de ser considerada especie cinegética.

Hasta el momento, tan sólo las poblaciones al sur del Duero estaban incluidas en el listado y las del norte eran consideradas en algunas comunidades autónomas como piezas de caza.

El hecho de que se trate una especie clave para el funcionamiento de los ecosistemas, que su área de distribución abarque territorios de varias Comunidades Autónomas y que el número de éstas se haya incrementado en los últimos tiempos (ya hay ejemplares aislados también al este del Duero), así como las amenazas que afectan a la especie hacían necesario un enfoque de actuación común para que la gestión y conservación del lobo sea coherente en todo el territorio español, asegure sus poblaciones y distribución a largo plazo y garantice la coexistencia con el hombre y por todo lo indicado, todos los Grupos Políticos representados en el Pleno de la Diputación de León, Grupo Socialista, Grupo Popular, Grupo Ciudadanos y Grupo Unión del Pueblo Leonés ante el alcance que dicho acuerdo puede suponer para la cabaña ganadera extensiva afectada en la provincia de León, elevan al Pleno para su aprobación la siguiente Declaración Institucional;

  1. Retomar el diálogo con las asociaciones ganaderas y administraciones públicas de las regiones más afectadas por la inclusión del lobo ibérico en el Listado de Especies de Protección Especial (LESPRE) con el fin de encontrar soluciones consensuadas por todas las partes implicadas que permitan alcanzar un equilibrio que haga compatible este régimen de protección con el desarrollo de las actividades agrarias y garantizar un trato justo y equitativo para los ganaderos que se ven afectados por los daños causados por el lobo.
  2. Crear un mecanismo nacional de indemnizaciones específico consensuado entre las Comunidades Autónomas y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, para explotaciones ganaderas que cubra de manera efectiva todos los daños y las pérdidas causadas por ataques de lobos y garantice la percepción de las indemnizaciones mediante un procedimiento sencillo, ágil y sin dilaciones en el tiempo.
  3. Elaborar un nuevo censo nacional del lobo ibérico que sustituya el último disponible de 2014 y así actualizar la información disponible sobre el estado, distribución y actividad de las poblaciones.