• Una sentencia del Tribunal Supremo de este año, que ratifica una previa de la Audiencia Nacional que la condena, así lo determina
  • Los Servicios Jurídicos de la Junta se personaron en la causa como acusación particular, apoyando al Ministerio Fiscal, y solicitando la indemnización de los gastos hospitalarios que ocasionó el atentado a las personas heridas en el mismo

El 22 de diciembre de 1995, a las 13,20 horas, se produjo un atentado terrorista por la banda terrorista ETA, en la ciudad de León, mediante una bomba colocada en los bajos de un coche que explosionó ante el semáforo situado en la calle Ramón y Cajal, a la altura de la confluencia de las calles Renueva y Abadía, y en el que falleció un alto miembro del Ejército de Tierra, resultó gravemente herida su hija que iba de copiloto en el vehículo, y resultaron heridas otras cuatro personas que transitaban por las inmediaciones.

Ahora, la sentencia de 3 de febrero de 2021 del Tribunal Supremo, que ratifica la previa de la Audiencia Nacional de 22 de julio de 2020, condena a la etarra, ya que fue la que ordenó que se cometiera dicho atentado, como responsable de un delito consumado de asesinato terrorista contra miembro de las Fuerzas Armadas, cuatro delitos frustrados de asesinato terrorista, y tenencia de explosivos.

Con la apertura de la causa en la Audiencia Nacional, los Servicios Jurídicos de la Junta de Castilla y León se personaron en el proceso como acusación particular, adhiriéndose a las peticiones de penas solicitadas por el Ministerio Fiscal, y reclamando el abono como indemnización de los daños y perjuicios causados a la Administración autonómica de los gastos ocasionados a la sanidad pública por las atenciones médicas y hospitalarias de todos los heridos.

Más que por la importancia de los daños sufridos a los que ha sido condenada la etarra, y que ascienden a 9.225 euros, es importante la personación judicial de la Junta de Castilla y León por el apoyo que ello supone específicamente hacia los familiares de las víctimas, y de forma general, hacia el colectivo de las víctimas de atentado terrorista.

En este sentido, la Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de la Presidencia como responsable de la coordinación de la atención a las víctimas del terrorismo, trabaja por consolidar la acción pública en pro del bienestar de las víctimas en la Comunidad, a través no solo de acciones compartidas con la Asociación y la Fundación de Víctimas del Terrorismo en Castilla y León, sino de hitos que buscan impregnar a la sociedad en la defensa de los derechos humanos, los derechos y obligaciones contenidos en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía y los valores democráticos como instrumentos para combatir la lacra del terrorismo.

Estas acciones tienen su ejemplo en el Programa de “Testimonio de las víctimas del terrorismo en las aulas”, cuyo propósito es que los más jóvenes conozcan la historia, evolución y consecuencias del terrorismo a través de la memoria de sus víctimas; o los reconocimientos y distinciones a aquellos que han vivido en primera persona el horror provocado por el terrorismo en nuestra Comunidad.

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