Dice el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, que hay que dar facilidades a los inmigrantes para ocupar el despoblado territorio rural de Castilla y León, ya que es una medida eficaz de luchar contra la despoblación, una de las principales lacras de nuestros pueblos. Es de suponer que se refiere a colonizar pueblos en situación poblacional de verdadera emergencia, esos de menos de doscientos habitantes, por poner una cifra. En estos pueblos ciertamente hay un montón de viviendas vacías, por lo general en desuso desde que hace años murió el último propietario, que están comprando o alquilando inmigrantes, último recurso que tienen los herederos para obtener alguna renta por el inmueble. No sería difícil, visto lo que opina el vicepresidente de la Junta, habilitar alguna ayuda pública para las familias que no alcanzan a poder pagar la modesta renta de estas viviendas, o en su caso afrontar la compra, por lo que, visto así, podríamos estar en vías de resolver un problema.
La cuestión es que estos inmigrantes alquilan, compran, y hasta ocupan casas en los pueblos, como alternativa a lo que le ofrecen las ciudades, pero estos inmuebles suelen estar en condiciones pésimas de habitabilidad y por lo general ni el arrendador ni el inquilino invierte un euro en mejorarla. Por otra parte, el estado en el que queda la vivienda una vez que el inmigrante deja el pueblo, algo habitual, no siempre es el deseado.
No es fácil la integración de personas de otras culturas, y en un entorno rural quizás menos todavía. Pero el verdadero problema es que estas familias que llegan a los pueblos no suelen tener trabajo y no lo van a encontrar porque en los pueblos no hay empleo, por lo que se requiere de una labor social y asistencial para la que no están preparados unos ayuntamientos muy modestos, sin medios humanos ni recursos económicos. Además, los inmigrantes son usuarios habituales de Internet, primera carencia con la que se encuentran en la mayoría de las localidades. También son usuarios de los servicios sanitarios, y a la mayoría de esos pueblos ya no va ni el médico, ni el ATS. Necesitan atenciones para sus hijos, sobre todo escolarizarlos, y las escuelas están a decenas de kilómetros y con un transporte público que da pena.
Las declaraciones del señor Francisco Igea tendrían un sentido si las hubiese hecho después de presentar un plan de empleo en el medio rural con el objetivo de satisfacer las demandas de la población local y de los inmigrantes que pudieran llegar, y si las hubiese hecho después de garantizar una mejora de los servicios públicos en los pueblos, y de promover un plan de rehabilitación de esas viviendas vacías que, francamente, hoy no deberían de ser habitadas.
En los pueblos sabemos que necesitamos a los inmigrantes para esos trabajos tan dignos como los demás, pero que la población nacional rechaza. Nos entendemos con ellos cuando trabajan con nosotros y cuando viven en nuestros pueblos, y no tenemos ningún tipo de prejuicio cuando no hay motivos para ello. Pero igual que sabemos que a los inmigrantes cuando trabajan para nosotros tenemos que darles un salario digno, sabemos que, antes de hacer un llamamiento para que lleguen a nuestros pueblos, lo primero debemos tener garantizados el trabajo, la vivienda, y los servicios más elementales. El vicepresidente Igea ha provocado un “efecto llamada” prometiendo un paraíso que no existe, y eso es impropio de un responsable público.
José Antonio Turrado
José Antonio Turrado es secretario general de ASAJA Castilla y León
