El portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, Antonio Silván, ha querido estar presente en la concentración en contra de la Ley Celaá junto a otros miembros de su grupo, convocada a las 12.00 horas a las puertas de la Subdelegación del Gobierno de León. Silván ha explicado que el PP ha registrado una moción al Pleno municipal asegurando que la nueva ley educativa, la Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE), ha sido tramitada por el Gobierno de espaldas a la comunidad educativa y al resto de la sociedad. Un nuevo marco normativo que penaliza la calidad en la educación y, especialmente, castiga a la Educación Especial y Concertada. Silván ha señalado la relevancia de la ‘Ley Celaá’ en el municipio de León, dada la existencia de alrededor de 20.000 estudiantes en una veintena de centros especiales y concertados, además de que los leoneses no pueden permitir que esta ley penalice la excelencia en la educación de todo el alumnado. “Los grupos municipales deben dar un paso adelante y unir su esfuerzo para lograr que los leoneses puedan acceder a una educación justa, de calidad y con la libertad de elección como principio fundamental”, ha añadido el portavoz y también senador por León.

                                                                     

Antonio Silván ha participado en la concentración contra la Ley Celaá junto otros concejales del Grupo Municipal del Partido Popular como Fernando Salguero, Ana Franco, Aurora Baza y Eduardo Tocino, además de otros cargos del partido en la provincia.

El también senador por León ha explicado que el PP ha registrado una moción al Pleno municipal asegurando que la nueva ley educativa, la Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE), “ha sido tramitada por el Gobierno de espaldas a la comunidad educativa y al resto de la sociedad. Un nuevo marco normativo que penaliza la calidad en la educación y, especialmente, castiga a la Educación Especial y Concertada”.

Silván ha señalado la relevancia de la ‘Ley Celaá’ en el municipio de León, dada la existencia de alrededor de 20.000 estudiantes en una veintena de centros especiales y concertados, además de que los leoneses no pueden permitir que esta ley penalice la excelencia en la educación de todo el alumnado. “Los grupos municipales deben dar un paso adelante y unir su esfuerzo para lograr que los leoneses puedan acceder a una educación justa, de calidad y con la libertad de elección como principio fundamental”, ha añadido el portavoz popular.

La moción insta a la participación de todos los concejales de la Corporación, asegurando que “los grupos municipales deben dar un paso adelante y unir su esfuerzo para lograr que los leoneses puedan acceder a una educación justa, de calidad y con la libertad de elección como principio fundamental”.

Una ley que inició su trámite parlamentario “en pleno estado de alarma y el Gobierno ha utilizado la situación de pandemia para acelerar los plazos parlamentarios y hurtar el debate que una ley de estas características exige; que no ha sido informada por el Consejo de Estado ni por el Consejo Escolar del Estado; que ha rechazado la solicitud del Grupo Popular para que expertos y representantes de la comunidad educativa (profesores, padres, alumnos, etc.) informaran y asesoraran a la Comisión de Educación y FP del Congreso (un hecho sin precedentes en el debate de otras leyes educativas); y que además la votación de todas las enmiendas al articulado y el debate público en la Comisión de Educación y Formación Profesional del Congreso se ha desarrollado en una única sesión, con lo que los diferentes grupos parlamentarios han tenido que debatir y votar en una única sesión más de mil enmiendas.

Además de esta falta de diálogo, consenso y transparencia, “la Ley Celaá representa la imposición de un modelo caduco, anticuado y superado, el de la LOE de Zapatero que condujo a nuestro país a tasas de abandono educativo temprano cercanas al 30%. La LOMLOE representa un regreso a los principios de la LOGSE tan nefastos para el conjunto del sistema educativo”.

La LOMLOE supone la ruptura del Pacto Constitucional en materia educativa:

  1. Suprime las libertades educativas consagradas en el Artículo 27 de la Constitución Española y con ello impide a las familias españolas, y por tanto a las LEONESAS, elegir la educación y el centro educativo que quieren para sus hijos.
  2. Ignora las competencias exclusivas del Estado establecidas en el Artículo 149 de la Constitución, de regulación de las normas básicas del desarrollo del derecho a la educación y la libertad de enseñanza además de en la obtención, expedición y homologación de títulos.
  3. Elimina la condición del español como lengua oficial del Estado y como lengua vehicular en la enseñanza, en el marco de un bilingüismo o trilingüismo integrador. Un ataque en primera persona a los leoneses, dado que esta tierra es base de la formación de España como estado y cuna del parlamentarismo.

Desde el Partido Popular “consideramos la LOMLOE un ataque frontal a nuestra democracia y un freno para que nuestro sistema educativo alcance los niveles de calidad, equidad y libertad propios de los sistemas educativos más modernos e innovadores”. Por ello el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de León presenta la siguiente:

PROPUESTA DE ACUERDO

  1. Instar al Gobierno de España a volver al Pacto Constitucional en materia educativa y a respetar la doctrina constitucional en sus diferentes sentencias que garantizan el derecho de las familias a elegir el modelo educativo y el centro donde escolarizar a sus hijos, así como la presencia en el sistema educativo de los centros de enseñanza diferenciada como una opción pedagógica más a las que las familias tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad.
  2. Respetar y cumplir el Artículo 27.3 de la Constitución que obliga a los poderes públicos a garantizar el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
  3. Adoptar las medidas oportunas para que la enseñanza de la lengua castellana y las lenguas cooficiales no sea fuente de discriminación en el ejercicio del derecho a la educación.
  4. Extender la gratuidad a las etapas post obligatorias: Bachillerato y Formación Profesional y configurar la etapa de educación infantil de 0-3 años como una etapa voluntaria y gratuita, garantizando que ningún alumno quede sin escolarizar por razones socioeconómicas.
  5. Garantizar la existencia y gratuidad de los centros de educación especial tanto en la red pública como privada concertada como elementos importantes de un modelo educativo especializado y plural que permita elegir a las familias la opción más adecuada a sus intereses y necesidades.
  6. Incorporar las medidas de calidad y excelencia referentes en los países de nuestro entorno con el fin de superar los niveles de conocimientos y competencias exigibles a los sistemas educativos en el marco europeo: evaluación transparente y rendición de cuentas, autonomía de los centros, refuerzo de la función directiva, etc.
  7. Respetar los cuerpos nacionales del profesorado. En este marco, aprobar un sistema de selección, formación y carrera profesional  para los docentes que permita situarle en el epicentro de la mejora de la calidad del sistema educativo.
  8. Implantar aquellas medidas que incrementen la cohesión y vertebración del sistema educativo y garanticen la igualdad de oportunidades.
  9. Avanzar hacia la modernización y transformación del sistema educativo.
  10. Apoyar el recurso de inconstitucionalidad anunciado por el Partido Popular contra la LOMLOE para garantizar que no se vulneran derechos recogidos en nuestra Carta Magna como la libertad de elección o el derecho a recibir educación en castellano, lengua oficial de España según marca el Art 3 de la Constitución.

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