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El informe de la dirección de los Servicios Jurídicos de la Consejería de la Presidencia, indica que la solicitud de informe del Ministerio de Justicia en relación a la creación del Juzgado de lo social nº 4 de León y del Juzgado de lo mercantil nº 2 de Valladolid obvia, sin embargo, las necesidades estructurales de la Comunidad respecto a la creación de otras unidades judiciales para el año 2020.

En el informe que da contestación a la petición del Ministerio de Justicia, el director de los Servicios Jurídicos de la Consejería de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, se señala que la competencia sobre la Administración de Justicia y, por tanto, en lo referente a la organización de las demarcaciones territoriales y revisión de la planta de juzgados y tribunales, es exclusiva del Estado, con la participación de las Comunidades Autónomas, requiriéndose, de forma específica, para la modificación del número y composición de los órganos judiciales, el informe previo de la Comunidad Autónoma afectada.

El Gobierno de España, en el Consejo de Ministros de 7 de julio de 2020, aprobó el Plan de Actuación previsto en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente a la COVID-19 y aliviar la acumulación de litigios derivada de la crisis sanitaria. Con esta premisa, la dirección general para el Servicio Público de Justicia ha remitido a la dirección de los Servicios Jurídicos de la Junta de Castilla y León una petición de informe respecto a la creación de dos nuevas unidades judiciales, en concreto, el Juzgado de lo social número 4 de León y el Juzgado de lo mercantil número 2 de Valladolid, con el objetivo de recuperar la normalidad, recursos y soluciones a las necesidades inmediatas de la Justicia.

Aunque la solicitud debería explicar los motivos y fundamentos en que se justifica la modificación propuesta, indica el director de la Junta que “esta Comunidad Autónoma desconoce, en el momento presente, la justificación que subyace en la elección de las unidades que ahora se crean”.

Además, en el citado informe del director se advierte que, en virtud del artículo 20 de la Ley de Demarcación y Planta Judicial de 1988, para la creación de Secciones y Juzgados se tendrán en cuenta, preferentemente, el volumen de litigiosidad de la circunscripción. Por ello, la dirección de los Servicios Jurídicos pone la atención en la falta de información y documentación por parte del Ministerio que hagan referencia a los datos de litigiosidad que soportan las circunscripciones en las que se proponen la creación de juzgados.

En su argumentación, y en referencia al Juzgado de lo social previsto para León, González Gago aporta, por ejemplo, los datos de los ERTES derivados de la crisis de la COVID-19 en Castilla y León, siendo Burgos, León y Valladolid las provincias que cuentan con mayor solicitudes, indicando que la dotación actual de juzgados de este orden jurisdiccional en estas provincias es de 3 juzgados en Burgos, 5 juzgados en León (dos de ellos en Ponferrada) y 5 en Valladolid. En este sentido, se indica que, teniendo León justificación para ello, Valladolid es la que mayor número de solicitudes tiene, y Burgos está por debajo, pero muy cerca, por lo que también estaría justificada la creación de un nuevo juzgado de lo social en esas otras dos provincias. Circunstancia que contempla, además, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en su memoria del año 2019.

Por otro lado, se advierte una idéntica falta de motivación en la creación propuesta del nuevo Juzgado de lo mercantil solo en la provincia de Valladolid. En esta materia el incremento de asuntos vendría motivado por los posibles procedimientos concursales derivados de la crisis sanitaria, pero como indica el informe de los Servicios Jurídicos, si se toman como referencia los datos del número de empresas que figura en las páginas del INE, se observa que, si bien Valladolid es la provincia con mayor número de empresas activas, hay provincias como León con un número similar, por lo que debería motivarse por qué no se crea también en León.

Por último, el director de los Servicios Jurídicos indica en el informe que “es preciso señalar que las unidades que se van a crear pretenden aliviar la acumulación de litigios derivada por la crisis sanitaria, pero esto no puede obviar las necesidades ya existentes de la Comunidad en todos los órdenes jurisdiccionales, en los cuales es necesaria la creación de nuevas unidades, conforme se pone de manifiesto en las memorias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, correspondientes a los años 2018 y 2019”.

A este respecto, el informe de la dirección de los Servicios Jurídicos de la Consejería de la Presidencia, informa favorablemente de la creación de las unidades propuestas en León y Valladolid, por entender que son necesarias, pero haciendo constar a la Administración de Justicia del Estado que esta programación extraordinaria no puede ir en detrimento de la necesidad estructural de la creación de nuevos órganos jurisdiccionales que son precisos y necesarios también en 2020.

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