UGTCyL denuncia el inmovilismo del Gobierno autonómico frente al incremento de los accidentes de trabajo mortales

La cifra de accidentes laborales mortales en Castilla y León se dispara un 78% en los siete primeros meses de 2020, a pesar de haber perdido 57.200 empleos en tres meses (5,8% de la tasa de ocupación) y encontrarse más de 200.000 trabajadores de Castilla y León sometidos a un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).

Hasta el mes de julio de este año en Castilla y León se han registrado 41 accidentes laborales mortales, frente a los 23 registrados en el mismo periodo de 2019, un 78% más. El año pasado se cerró en nuestra Comunidad con una cifra de 50 trabajadores fallecidos en accidentes laborales. El incremento de los accidentes de trabajo mortales en España ha sido del 21,2%, según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, por lo que Castilla y León se sitúa muy por encima de la media nacional.

La pandemia de la Covid-19 está provocando una crisis sanitaria sin precedentes con un alto impacto en la economía y el empleo. Esto ha llevado a los poderes públicos en España, y en Castilla y León, a adoptar todas las medidas necesarias para contener la propagación del virus y mitigar su impacto en la economía nacional. El ámbito laboral es uno de los espacios que mayor interés ha acaparado por parte de los poderes públicos.

Hemos asistido desde el mes de marzo a un proceso de elaboración y desarrollo normativo insólito (nuevas prestaciones, reglamentos, adaptación de los mecanismos de ERTE, protocolos de actuación, etc.) con el fin de garantizar adecuados niveles de protección de las personas trabajadoras y sus familias, así como de las empresas. Sin embargo la seguridad y salud laboral de las personas trabajadoras, más allá del ámbito de protección de la Covid-19 en las empresas, no ha corrido la misma suerte. Al contrario, se han paralizado todas las políticas públicas en prevención de riesgos laborales arrojando unas consecuencias nefastas en términos de mortalidad laboral. Aunque el control de la epidemia sigue siendo la máxima prioridad, no podemos permitir que lo urgente desplace lo importante, porque muchas personas siguen trabajando y, como revelan los datos, lo hacen sin las debidas protecciones.

En Castilla y León, el Gobierno autonómico ha aparcado las medidas acordadas en el Documento de Coordinación de Medidas Transversales. En este Documento se contemplan actuaciones relacionadas con aspectos tan importantes como la Seguridad en las Pymes; la especial protección a colectivos de riesgo; la reducción de los accidentes de trabajo relacionados con máquinas, el tráfico y con el sector de la construcción y el sector agrario; la promoción de la salud de las personas trabajadoras debido a la incidencia de las lesiones no traumáticas; el refuerzo de las medidas de vigilancia y control, y la prevención de las enfermedades profesionales entre otras. Materias íntimamente ligadas a la tipología de los accidentes más graves que sufren los trabajadores de Castilla y León.

Porque no podemos olvidar que siete de los trabajadores fallecidos han muerto por caída en altura, otros 7 por atrapamiento, 10 debido a accidentes no traumáticos, 5 en accidente de tráfico, 4 por aplastamientos y golpes en la cabeza y así, hasta alcanzar la escalofriante cifra de 41 trabajadores. Todas ellas, muertes evitables.

Resulta prioritario para toda la sociedad, y en especial para nuestra Comunidad Autónoma, que las personas trabajadoras puedan realizar su actividad laboral de forma segura. La aplicación de políticas adecuadas de salud y seguridad en el trabajo así como la promoción de entornos de trabajo favorables, sigue siendo fundamental para conseguir no sólo mejorar las condiciones en las que se desarrolla la actividad profesional, y progresar así en la forma de concebir y aplicar la prevención de riesgos laborales, sino también para salir de la crisis sanitaria, económica y social actual. Cualquier acción que busque una recuperación política y económica post-covid debe considerar las políticas de prevención de riesgos laborales en su marco de actuación y lo debe hacer mediante una acción coordinada entre las diferentes administraciones públicas, con la participación de los interlocutores sociales.

Hace un tiempo, se hubiera recurrido al Diálogo Social en Castilla y León para encontrar soluciones. Hoy, sin embargo, reina el mutismo en una Administración Laboral que se muestra impasible frente a otra de las pandemias que lleva tiempo azotando a nuestro mercado de trabajo, la siniestralidad laboral.

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